En el año 2016 se presentaron 5 proyectos de ley con la finalidad de declarar de interés la creación del distrito de Alto Trujillo, además de determinar si se contaba con argumentos sólidos que sustenten porqué se debería hacer. Sin embargo, tras casi seis años de enviadas las solicitudes, esto no se ha concretado.

Actualmente, Alto Trujillo es considerado un centro poblado y se ubica en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, capital del departamento de La Libertad. Según datos expuestos en las iniciativas legislativas, su población es de más de 80,000 personas; y sus principales actividades económicas son la fabricación de calzado, la elaboración de ladrillos (adobes), los trabajos de albañilería, la elaboración de tejidos, el lavado de ropa y la comercialización de abarrotes o animales.

De acuerdo con los principales motivadores de esta iniciativa, obtener la independencia económica, administrativa y política de Alto Trujillo, generaría bienestar para sus habitantes, así como su desarrollo local en todos los aspectos (seguridad ciudadana, salud, actividades económicas, etc.). No obstante, nos preguntamos lo siguiente: ¿la creación de un distrito realmente presupone una mejora en el bienestar de los pobladores? ¿Existe evidencia acerca de ello?

Un caso que puede servir de ejemplo para describir la dimensión o eventual impacto de esta iniciativa es el del distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención, en Cusco, que fue creado en 2016 con los mismos sustentos y la misma finalidad. Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos años, este distrito ha contado con un presupuesto anual entre los S/ 150 y S/ 200 millones, lo que lo convierte en uno de los más ricos del país. Sin embargo, sus indicadores sociales no son los mejores.

Según datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), solo un 45% de los hogares cuentan con agua vía red pública o pilón; un 8% cuenta con saneamiento vía red pública o pozo séptico; un 39% cuenta con electricidad; y, para cocinar, un 19% cuenta con gas o electricidad (lo cual llama la atención teniendo en cuenta que recibe gran cantidad de su presupuesto debido al proyecto de explotación de gas de Camisea). Asimismo, en el sector educativo, las instituciones educativas públicas y privadas tienen resultados aún más desalentadores. Tan solo el 2% del total cuenta con agua vía red pública o pilón, el 1% cuenta con saneamiento vía red pública y solo un 2% cuenta con electricidad. Con respecto a indicadores de salud, un 66% de niños cuenta con suplemento de hierro de acuerdo con su edad y un 33% tiene sus vacunas completas.

La deficiente ejecución de los recursos públicos en la mayoría de las municipalidades de nuestro país es evidente. Por ejemplo, las que corresponden a Arequipa, Áncash y Cusco, que obtienen cuantiosos recursos debido a las actividades extractivas, no llegaron a ejecutar ni el 50% de su presupuesto destinado a inversión pública en 2021.

En el caso de Áncash, el distrito de Rahuapampa utilizó el 8.8% de los S/ 21,088 millones destinados a inversión pública. En Arequipa, distritos como Sayla, Tomepampa y Huaynacotas no superaron el 10%. Y en el departamento de Cusco, el distrito de Unión Asháninka utilizó tan solo el 2% de los S/ 21,694 millones destinados a inversión pública. Con cifras como las expuestas, así como en el distrito de Megantoni, sus poblaciones presentan enormes dificultades en el acceso a servicios, educación de calidad, servicios de salud, seguridad, etc.

La creación de un distrito no asegura beneficios para la sociedad, si no se tiene un proyecto integrado con gestores públicos con la capacidad para transferir los recursos en servicios de calidad. A pesar de que se cuestiona desde hace muchos años el desempeño de las autoridades en el interior del país, siguen apareciendo propuestas como convertir centros poblados en distritos para obtener un rédito político y contentar a determinada población con un papel.

Cabe mencionar que la creación de un distrito supone también la obligación de transferir presupuesto desde el Gobierno nacional hacia estas entidades para cubrir los gastos corrientes de su funcionamiento, ya que, por su condición, estos no perciben ingresos propios o algún tipo de recaudación[1].

Si el objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, existen mecanismos, acciones y herramientas con las que la administración pública y, por qué no, también el sector privado, pueden alcanzar dicho objetivo de manera más eficiente

[1] Revisar el reporte Estado de las finanzas públicas subnacionales en el Perú.