Perú, país de contradicciones. En los últimos días hemos sido testigos de alarmantes niveles de contradicción entre diversos poderes del Estado. Incluso, dentro del mismo Poder Ejecutivo. Esto termina perjudicando a todos los peruanos. A continuación, unos ejemplos. 

“El bueno”

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa con el esfuerzo de avanzar en su shock desregulador. Dos cosas muy importantes se han dado en los últimos días: reorganización institucional y eliminación de barreras burocráticas. 

En primer lugar, el anuncio de la fusión (no extinción) de 14 programas de infraestructura en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con el objeto de mejorar la gestión y ejecución de las inversiones públicas en infraestructura. Sin duda positivo, pero el riesgo de politización debido a que una sola entidad asuma tanta responsabilidad y presupuesto es alto. Para que funcione, necesariamente se debe buscar que la ANIN pase al régimen Servir, tal como lo anunció el ministro Salardi. 

La brecha de infraestructura en el país es muy grande. Se necesita que en la entidad primen la meritocracia y el tecnicismo. Que se garantice una gestión muy especializada y con cero corrupciones. 

En segundo lugar, el mismo MEF ha publicado un decreto supremo que dispone que las entidades del Gobierno nacional deroguen o modifiquen aquellas barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad. 

Así, en 10 días calendarios, el Indecopi tiene que publicar un listado de todas las disposiciones que hayan sido declaradas barreras burocráticas. A partir de ahí, cada entidad deberá, en un plazo de 30 días, bajo responsabilidad, derogarlas o subsanar los defectos de legalidad mediante su modificación. 

Lo malo es que se exceptúa aquellas medidas que se encuentren impugnadas en un proceso contencioso administrativo, o que estén en trámite para la interposición de esta demanda. Esto podría generar un incentivo de sobrejudicializar el procedimiento de barreras burocráticas. 

“El malo”

A raíz de los últimos sucesos en Pataz, donde pese a continuos estados de emergencia prima la inseguridad y el Estado no parece tener idea de cómo enfrentar la ilegalidad, al Gobierno no se le ocurrió mejor idea que anunciar, entre otras medidas, la suspensión de toda actividad minera en la zona, ya sea legal, ilegal, formal o informal. 

La minería es la principal actividad económica del país. No se puede enfrentar la ilegalidad penalizando la actividad formal. El Estado demuestra una vez más que no tiene la menor idea de cómo combatir la criminalidad en el país. ¡No podemos dejar que asesinen a más compatriotas! 

Y es repulsivo que agrupaciones políticas, como Perú Libre, intenten aprovecharse de esta situación con su pronunciamiento de hace unos días pidiendo la nacionalización de concesiones mineras privadas y llamando a una nueva Constitución. En las próximas elecciones, este tipo de agrupaciones, enemigas del desarrollo del país, no deberían pasar la valla electoral. 

“El feo”

Entre muchas propuestas populistas y sin sustento que el Congreso de la República viene discutiendo, en los últimos días resalta una por la que se les otorgaría a los fiscalizadores de la Sunafil un incentivo económico en caso se incremente la recaudación por las multas impuestas a las empresas.

La aplicación de esta propuesta sería nefasta. Son incentivos perversos, como los que tenía la Sunat en una época. Los más afectados serían las micro y pequeñas empresas, sin duda. La informalidad es uno de los principales problemas del país y estas propuestas no harían más que incrementarla.