La reciente rebaja de calificación crediticia a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pone en evidencia riesgos crecientes en el manejo fiscal a nivel subnacional, desde el uso del endeudamiento y la rigidez presupuestal proyectada, hasta las limitaciones en la evaluación técnica de los proyectos financiados.

La sostenibilidad fiscal de los Gobiernos locales es clave para asegurar servicios públicos de calidad y preservar el equilibrio macroeconómico. En ese marco, la MML tiene un peso especial por su escala económica, su población y el ejemplo que ejercería sobre otros municipios. La reciente rebaja de su calificación crediticia por parte de Moody’s, que la ubica fuera del grado de inversión, revela riesgos importantes en su manejo financiero. Más allá del caso puntual, esta situación invita a discutir el endeudamiento a nivel subnacional, los límites del apoyo del Gobierno central y la necesidad de fortalecer capacidades técnicas y de evaluación en los Gobiernos locales.

Moody’s advierte que el pago de intereses por deuda en la MML pasará de representar el 16% al 24% de sus ingresos operativos. Estos niveles comprometen la flexibilidad del presupuesto municipal al reducir el espacio disponible para otros servicios o nuevas inversiones. El uso de deuda puede ser una herramienta valiosa si está bien planificado, pero niveles altos obligan a revisar la sostenibilidad del modelo actual. El riesgo no solo afecta a la gestión en curso, sino que condiciona las decisiones de las próximas administraciones.

Uno de los principales desafíos a nivel local es la limitada capacidad técnica para evaluar rigurosamente los proyectos financiados con deuda. Según el Registro Nacional de Municipalidades 2024, diversos municipios de los distritos de Lima Metropolitana —incluidos Lima, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, San Borja y San Miguel— reportaron que necesitaban capacitación en formulación y evaluación de proyectos públicos. A nivel nacional, esta necesidad fue señalada por el 65% de los Gobiernos subnacionales, lo que evidencia una brecha institucional significativa en la etapa previa a la inversión.

Un reciente pronunciamiento del Consejo Fiscal (CF) advierte que, si bien la mayoría de gobiernos subnacionales cumplieron las reglas fiscales en 2024, persiste un grupo de gobiernos locales con altos niveles de endeudamiento, que incumplen de forma reiterada desde 2017 y concentran el 20% de la deuda subnacional, lo que podría comprometer servicios públicos para más de tres millones de personas. En particular, cuestiona severamente el endeudamiento de la MML, cuya deuda se ha multiplicado por más de 3,4 veces desde 2022 y ha alcanzado un ratio de deuda sobre ingresos cercano al 380%, casi cuatro veces el límite permitido.

Aunque la MML está exonerada de las reglas fiscales por tener calificación crediticia alta, el CF considera inadecuado este criterio y alerta que la sostenibilidad fiscal y la capacidad de brindar servicios en futuras gestiones municipales están en riesgo. También se señala que el reciente aumento del Foncomun mejora el cumplimiento de reglas fiscales, pero a costa de mayor presión sobre las finanzas del Gobierno Nacional (ver Semanario 1258).

Moody’s justifica parte de su calificación en la expectativa de un apoyo extraordinario del Gobierno nacional frente a un escenario de estrés severo. Esta posibilidad, aunque no garantizada, introduce un riesgo moral[1]: otros municipios podrían percibir que también serán auxiliados, incluso si incurren en gestiones fiscales poco prudentes. En este contexto, es fundamental que el Estado establezca reglas claras sobre cuándo y cómo puede intervenir. Evitar señales ambiguas ayudará a preservar los incentivos adecuados para una gestión fiscal responsable en el resto del país.

La sostenibilidad del endeudamiento también está sujeta al uso eficiente de los recursos obtenidos. En el caso de la MML, los S/ 1,300 millones captados en su emisión más reciente están orientados a atender demandas de infraestructura. Históricamente, los ingresos asignados han representado cerca del 62% de sus ingresos operativos. No obstante, tras el pago de la deuda programada, solo hasta el 34% de dichos ingresos retorna a la municipalidad a través de los fideicomisos.

Adicionalmente, la deuda total alcanzará un nivel equivalente al 248% de sus ingresos operativos, mientras que el servicio de intereses absorberá una cuarta parte del presupuesto disponible. Esta rigidez financiera condicionará a futuras gestiones y reducirá su margen de maniobra para atender nuevas prioridades o garantizar la continuidad de servicios esenciales. Incluso las intervenciones más prioritarias podrían quedar relegadas ante la falta de liquidez.

El caso de Lima no es aislado. Distritos como La Victoria y el Rímac enfrentan situaciones fiscales aún más críticas. Con una deuda que equivale al 450% y el 102%, respectivamente, de sus ingresos corrientes, estos municipios se encuentran bajo un régimen especial de reestructuración fiscal del MEF. Su situación ilustra los riesgos de perder el control sobre el endeudamiento sin mecanismos de corrección oportunos. Si más municipios siguen esta senda, la presión sobre el Gobierno central aumentará y se amplificaría el riesgo.

La rebaja de calificación a la MML representa más que un episodio aislado: es una señal de alerta sobre los desafíos estructurales en el manejo fiscal de los Gobiernos subnacionales. El uso intensivo del endeudamiento, sin una evaluación técnica rigurosa ni márgenes presupuestales adecuados, puede comprometer la sostenibilidad del gasto local y limitar la acción de futuras administraciones. Preservar la disciplina, promover la transparencia y asegurar que los recursos se asignen a proyectos con retornos tangibles será clave para una gestión responsable que no comprometa el futuro de las ciudades.

[1] Riesgo moral (moral hazard) se refiere a una situación en la que un agente, al anticipar que no asumirá completamente las consecuencias de sus decisiones, tiene incentivos a tomar riesgos mayores de los que asumiría en condiciones normales. En este caso, la expectativa de un rescate financiero podría reducir los incentivos para una gestión fiscal responsable.