Al cerrar el primer semestre del año, el avance en la ejecución del presupuesto para inversión pública creció un 9.4% respecto al mismo periodo de 2024, aunque revela brechas significativas entre los distintos niveles de gobierno. El Gobierno nacional ha ejecutado el 43.8% de sus recursos; los Gobiernos regionales, el 38.7%, y los Gobiernos locales, apenas el 30.3%. 

Aunque existen casos destacados de eficiencia, persisten rezagos preocupantes —sobre todo en las municipalidades— que invitan a reflexionar sobre la capacidad real de gestión de los recursos asignados y las implicancias de transferir mayores fondos sin fortalecer previamente las competencias técnicas, así como los resultados de la descentralización. 

En el caso de los Gobiernos regionales (GORE), las disparidades son notorias. Mientras que los GORE Arequipa (58.8%), Junín (57.5%) y Amazonas (52.3%) lideran la ejecución, Huánuco (21.7%), Callao (25.6%) y Áncash (26.5%) no han ejecutado ni un tercio de su presupuesto en inversión pública disponible. 

Por otro lado, si bien los Gobiernos locales muestran una ligera mejora frente a años anteriores, la cifra sigue siendo insuficiente para un periodo que ya consumió la mitad del año. En promedio, las municipalidades del Callao, Lima y Tacna exhiben los mejores resultados, con avances del 46.6%, 42.7% y 40.4%, respectivamente. En el extremo opuesto se ubican las de Madre de Dios (13.2%), Pasco (16.9%) y Huánuco (19.2%). En total, diez departamentos registran que sus municipios, en promedio, han ejecutado menos del 25% de su presupuesto destinado a inversión pública: Madre de Dios, Pasco, Huánuco, Ucayali, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica y Áncash.  

Si se mira de cerca la composición del presupuesto de los Gobiernos locales, la situación se agrava al poner el foco en las obras de saneamiento. Estos Gobiernos concentran el 61.2% del presupuesto en dicho rubro, pero solo han ejecutado el 28.4%. Departamentos como Madre de Dios, Puno y Huánuco, donde menos del 65% de la población cuenta con acceso a desagüe, no llegan al 25% de ejecución, lo cual acentúa brechas profundas en servicios básicos. 

¿A qué se debería esta deficiente ejecución? Según el Renamu 2024, más de la mitad de las municipalidades reconoce necesitar asistencia técnica: el 57% en formulación y evaluación de proyectos, el 56% en administración tributaria y el 58% en procedimientos administrativos. Resulta revelador que más de la mitad de las municipalidades de Madre de Dios, Pasco, Huánuco y Ucayali —los cuatro departamentos con los peores niveles de desempeño por parte de los municipios— necesiten asistencia técnica para la formulación y evaluación de proyectos.

El mencionado panorama cobra mayor relevancia frente al Proyecto de Ley N.º 7755/2023-CR, que propone redireccionar una porción más amplia del IGV al Foncomun y, por ende, a las municipalidades (ver Semanario 1258). Los bajos niveles de ejecución actuales y pasados demuestran que incrementar las transferencias, sin reforzar la capacidad de gestión y el seguimiento de proyectos, difícilmente se traducirá en mejoras tangibles para la ciudadanía. 

Los datos del primer semestre dejan claro que la brecha no radica en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad de convertirlos en obras concretas y servicios de calidad. Fortalecer la gestión pública, especialmente en los Gobiernos locales, resulta indispensable antes de pensar en aumentar las transferencias. Solo así será posible transformar los presupuestos asignados en inversiones que realmente eleven el bienestar de la población y reduzcan las brechas que hoy persisten.