Hace unos días, el Gobierno peruano presentó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, así como el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, convencidos de que solamente con la mejora de las capacidades competitivas y productivas se logrará un crecimiento económico sostenible. Ese es, sin duda, el camino correcto, y estos planes han sido el producto de un proceso de articulación público-privado que permitirá recuperar el dinamismo del crecimiento económico, la mejora de oportunidades para la población y la reducción de la pobreza. Felicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas por el liderazgo y desde ComexPerú estamos a disposición para seguir contribuyendo con propuestas para enriquecer estas iniciativas, así como para trabajar de manera firme en su implementación y contrarrestar los intereses particulares que pretendan impedir la mejora de la competitividad del país.

Sin embargo, a la par de la presentación de este plan, la Municipalidad de Lima anunció una medida sin un análisis mesurado previo, como es la restricción al transporte de carga, que atentaría contra los esfuerzos por impulsar la competitividad. Si bien compartimos la preocupación por resolver la congestión vehicular, medidas mal dimensionadas no solo no solucionarán el problema, sino que generarán terribles consecuencias para la población y la economía de los hogares peruanos, además de atacar seriamente la competitividad del sector comercio exterior.

Una mal ejecutada restricción al transporte de carga en la ciudad impactaría negativamente no solo a través de mayores costos logísticos, sino también en el desempeño del comercio exterior, y perjudicaría el desarrollo del comercio mayorista y minorista local, con el consecuente efecto perverso en el precio de la canasta de consumo y la inflación.

Si la restricción se orienta a la circulación en un horario determinado, el efecto sería el aumento del tránsito en dicho horario y, por ende, el incremento de la congestión vehicular. Ante la inexistente infraestructura de parqueos de camiones (truck centers), los vehículos de carga —en total, 150,000— congestionarán los límites de la ciudad a la espera de ingresar en la ventana horaria permitida, lo que causaría desorden e inseguridad, e incrementaría los costos de transporte que, al final, terminarán pagando los propios consumidores.

Adicionalmente, estas restricciones afectarían toda la cadena logística del comercio exterior y alterarían los servicios de embarque y desembarque en puertos y aeropuertos, de carga y descarga en plantas, de distribución y comercio. Como consecuencia, se generarían sobrecostos portuarios y de almacenaje, ya que los barcos deberán quedar detenidos, o los clientes se verán obligados a desembarcar la carga y almacenarla en tierra hasta que el horario permita retirarla. Nuevamente, sobrecostos que generan aumentos de precios y por los que el ciudadano termina pagando las consecuencias.

Toda norma debe pasar por un análisis de impacto regulatorio y deben generarse espacios de diálogo para diseñar políticas que verdaderamente aborden los problemas que causan la congestión vehicular, como son la falta de una adecuada infraestructura vial, una oferta de transporte público de baja calidad, el incumplimiento de las reglas de tránsito, la alta informalidad en el parque automotor, entre otros.

¡No permitamos que propuestas sin sustento técnico atenten contra los esfuerzos de impulsar la competitividad del país!