Promover el desarrollo fronterizo debe ser una política de Estado enmarcada en los objetivos de impulso a la conectividad y al desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Sin embargo, nuestro país cuenta con una disposición arcaica, contraria a estos objetivos y a los intereses de nuestros propios ciudadanos. Es el artículo 71 de la Constitución, el cual prohíbe a los extranjeros adquirir o poseer tierras dentro de los 50 kilómetros de nuestras fronteras bajo pena de perderlas en beneficio del Estado.

Con ello, gran parte de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna se ven impedidas de contar con importantes centros comerciales, agencias bancarias, farmacias, hoteles u oficinas de líneas aéreas que cuenten entre su accionariado con capitales extranjeros, y que sí operan en otras partes del país, e incluso en las fronteras de nuestros países vecinos. Lo peor del caso es que, a pesar de esta restricción, en la práctica, muchas de estas empresas sí poseen inversiones en estas localidades, lo que genera inseguridad jurídica por el riesgo de expropiación por parte del Estado.

El Ministerio de la Producción había dado un paso importante al haber prepublicado un decreto supremo que pretendía autorizar por necesidad pública un caso concreto de nueva inversión extranjera y el mantenimiento de una ya existente en la ciudad de Tacna, pero recientemente fue dejado sin efecto, sin haber respetado incluso el periodo previsto para comentarios de los ciudadanos. Realmente lamentable. Esperamos que este retroceso solo sea para la toma de un nuevo impulso y de una decisión de Estado de acabar con esta discriminación hacia nuestras regiones en frontera.

Un caso concreto es lo que viene ocurriendo en Tacna. Mientras que en Arica se construyen dos centros comerciales y un hotel cinco estrellas, Tacna se ve afectada al no poder promover estas inversiones que generarían miles de empleos formales, recaudación, ingresos y modernidad en esta región emblemática de nuestro país. Se estima que un centro comercial en Tacna implicaría una inversión de US$ 100 millones y generaría 5,000 empleos durante su operación.

Sin embargo, también queremos saludar desde ComexPerú la aprobación de la Ley N.º 30634, que declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento del ferrocarril Tacna-Arica. Entre Santa Rosa y Chacalluta se movilizan diariamente 17,000 personas (y se estima casi 9 millones de personas al año hacia el 2024). Por otra parte, son casi 3,000 vehículos los que cruzan la frontera a diario. El actual tren de propiedad del Estado peruano, que cuenta con solo un vagón de 50 pasajeros y realiza 2 viajes diarios, es claramente subutilizado. Por ello el Gobierno, con visión clara, ha aprobado esta importante norma en beneficio de la ciudad de Tacna. Un paso importante, pero sin duda queda mucho por hacer en nuestras fronteras.

Por ello, desde ComexPerú solicitamos al Congreso de la República que trabaje de manera urgente, con una visión de desarrollo del sigo XXI, en una modificación del artículo 71 de la Constitución, para así acabar con la discriminación que hoy sufren nuestras regiones fronterizas. Hoy nuestro país, que es un líder en la región y promueve espacios de integración como la Alianza del Pacífico, debe apostar por la inversión en estas regiones y así aprovechar los flujos de turismo donde los únicos beneficiados serán los propios ciudadanos. Si de lo que se trata es salvaguardar los intereses del país por motivos de seguridad y/o defensa nacional, ya contamos con los mecanismos legales correspondientes.