Todos tenemos el derecho a la protesta. Según la Constitución Artículo 2, numeral 12, los peruanos tenemos el derecho a reunirnos pacíficamente, sin armas, en lugares públicos, y ello está garantizado. Sin embargo, lo que hemos visto las últimas semanas no son protestas pacíficas, sino delincuencia, vandalismo y ataque a la propiedad privada y pública, que no están permitidos y frente a los cuales las fuerzas del orden tienen la responsabilidad de recuperar la paz social y el orden interno. 

Grupos delincuenciales están atentando contra los derechos de millones de peruanos a trabajar libremente, a la propiedad, a la paz y la tranquilidad, a la libertad y seguridades personales, al libre tránsito, entre otros. Miles de emprendedores se ven afectados y con ello los ingresos de muchas familias. Somos millones de peruanos cuyos derechos están siendo atacados. 

En Ica, Cusco, Puno y Arequipa, son cerca de 850,000 mypes y más de 1.3 millones de empleos los que están en riesgo. Se está vulnerando su derecho constitucional a trabajar libremente. En el sector turismo, son casi 4,500 establecimientos de hospedaje y 2,900 agencias de viaje en esos departamentos que hoy no tienen ingresos, y miles de familias que dependen de ese sector están en una situación crítica. 

La difícil circunstancia que atraviesan aumenta la vulnerabilidad de estos emprendedores que aún no se recuperan de la pandemia. Los bloqueos de vías atentan contra el derecho del libre tránsito, lo que afecta a los transportistas, ocasiona problemas en las cadenas logísticas y genera desabastecimiento de productos de la canasta básica y aumento de precios, e incluso pone en riesgo las operaciones de hospitales, servicios de agua y saneamiento, entre otros. ¿Quién protege nuestros derechos? Son las fuerzas del orden las que, haciendo uso de la ley, deben recuperar el orden interno. 

Es claro también que hoy protestan peruanos que están cansados de un Estado que les ha dado la espalda por años, que están hartos del olvido y la desidia de gobernantes que se sirven y no sirven al pueblo. Los derechos de muchos peruanos a la salud, la educación, el agua y el saneamiento no se cumplen. Estas son demandas legítimas que deben ser escuchadas y, con base en el diálogo, establecer un plan de emergencia que permita cerrar las brechas de acceso a servicios básicos. Hay recursos, pero el Estado, sobre todo los Gobiernos regionales y las municipalidades, no han sido capaces de invertirlos eficientemente en favor de la población. 

Solo en 2022, apenas se ejecutó el 72% de la inversión pública a nivel nacional. El dinero no utilizado podría haberse invertido en escolarizar a más de 163,000 niños o construir 50 colegios de alto rendimiento o 17 hospitales, para mejorar la calidad de vida de muchas familias. 

El derecho a la protesta pacífica debe y está garantizado. Lo que no puede permitirse es la violencia y el vandalismo, y las fuerzas armadas deben reestablecer el orden interno.