En los últimos años, Petroperú ha registrado enormes pérdidas que pagamos todos los peruanos. En 2022, estas sumaron US$ 271 millones. El año pasado, cerró con pérdidas de US$ 823 millones. Al término del segundo trimestre de este año, la petrolera estatal reportó una pérdida neta de US$ 452 millones, un incremento de US$ 71.8 millones en comparación con las pérdidas registradas en el mismo período de 2023. Su situación administrativa y financiera es insostenible. Un sinónimo de despilfarro de recursos públicos. 

El directorio transitorio de la empresa estatal, de muy alto nivel técnico y profesional, es tajante sobre su desempeño. Opera con limitado crecimiento de ingresos y baja rentabilidad, por lo que se proyectan pérdidas de US$ 716 millones al cierre de 2024. Asimismo, ha perdido posición de mercado, al pasar del 51% a solo el 25%. Por si fuera poco, adolece de un alto grado de inestabilidad en la dirección y la gobernanza. 

En mayo de este año, este mismo directorio advertía que Petroperú era insolvente y propusieron adoptar una serie de medidas para mejorar en algo la situación financiera de la empresa, con miras a su autosostenibilidad, y que implicarían la mudanza a Talara, la venta o concesión del edificio de San Isidro, la reducción del personal y la transición hacia un contrato de gestión privada. Son decisiones difíciles, que requieren voluntad política y respaldo por parte de las más altas autoridades del Gobierno. 

Hace unos días, nuevamente el directorio ha insistido en la crítica situación de la empresa y le ha exigido al Gobierno que tome una decisión sobre su futuro. El Ejecutivo no debe esperar más para tomar una decisión al respecto. 

Petroperú es una empresa estatal quebrada, ineficiente, burocrática, a merced de sus sindicatos y con mucho espacio para que malos funcionarios cometan actos de corrupción. El Gobierno no puede continuar rescatándola con el dinero de todos los peruanos. Esos recursos debieron servir para construir postas, hospitales, colegios, comisarías, carreteras e infraestructura que mejoraran la calidad de vida de la población. El mismo directorio catalogaba de “inmoral” seguir solicitando más dinero al Estado sin que la empresa se comprometiera a cambios profundos. 

Si el Gobierno no define su postura, este directorio va a renunciar y eso nos dará un mensaje del nulo interés que tienen las autoridades por cuidar el dinero de todos los peruanos. 

Se necesita evaluar seriamente la permanencia de Petroperú. Y en caso se opte por su continuidad —solo dentro de un marco del rol subsidiario de la actividad económica del Estado—, debe ser reestructurada. 

No podemos seguir financiando una aventura empresarial fallida. No es posible que sigamos despilfarrando millones en una empresa ineficiente, cuando vemos tantas carencias en términos de salud, educación y seguridad.