Desde que se inició este Gobierno, en 2016, nuestro país ha sufrido terribles movimientos sísmicos en materia política. La ciudadanía viene presenciando una serie de enfrentamientos entre los poderes del Estado, además de escándalos de corrupción. La lucha contra la corrupción que exige la ciudadanía ha sido manchada por disputas políticas y ha sacado lo peor de cada uno, en lugar de aprovechar la oportunidad para enfrentar frontalmente este flagelo con procesos serios, rápidos y respetando el debido proceso.

Cuando el presidente Vizcarra asumió el cargo y se inició el segundo tiempo del Gobierno de turno, los peruanos vieron un nuevo comienzo con esperanza, que con el correr de los meses solo ha demostrado que nada ha cambiado. Nuestro país requiere urgentemente una reforma política, que los ciudadanos respaldamos de manera contundente en el referéndum de diciembre de 2018, pero que se encuentra entrampada por la falta de un proceso de diálogo serio, así como por intereses particulares de políticos y congresistas que no ponen al país por delante. Hoy estamos nuevamente con un ambiente crispado por la conflictividad política y nada se hace por avanzar en políticas de Estado para la recuperación económica.

Exigimos una lucha frontal contra la corrupción y rechazamos enérgicamente todo actuar ilícito, venga de quien venga: ciudadanos, funcionarios o empresarios. Cero tolerancia frente a la corrupción es lo que clama la ciudadanía. Urge que los procesos de investigación se lleven con celeridad y que se castigue con el máximo rigor a aquellos que han actuado fuera de la ley, y lejos de procesos mediáticos e injerencia política. En este proceso, es fundamental distinguir que esta mala actuación es de algunos funcionarios y empresarios, pero que de ninguna manera debe cuestionarse un sistema que solo ha traído enormes beneficios al Perú. Los procesos de concesión, las APP y las obras por impuestos son instrumentos claves para el desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Es evidente que el Estado no tiene la capacidad ni los recursos para desarrollar obras públicas por sí solo. Hoy tenemos funcionarios atemorizados, paralizados, que no toman decisiones, y políticos que utilizan la coyuntura para, con mensajes populistas, transgredir principios fundamentales para el desarrollo económico y social del país, como son la seguridad jurídica y el Estado de derecho.

Estos movimientos sísmicos, originados por el choque de “placas” políticas, viene afectando sin lugar a duda la actividad económica. Los constantes temblores, desde 2016, han debilitado los cimientos de una economía que, con sólidos fundamentos macroeconómicos, ha resistido este embate que no ha parado en casi 3 años. A esto se suma un difícil contexto internacional, con una guerra comercial entre EE.UU. y China que ya nos está pasando la factura.

¿Hasta cuándo podrán aguantar la economía, los ciudadanos, los miles de pobres en las zonas más alejadas de nuestro país? Basta de enfrentamientos, de poner intereses particulares o políticos por delante del país. Urge un diálogo serio, constructivo, que llegue a acuerdos no solo para una reforma política, sino para priorizar reformas económicas que impulsen la inversión privada y la competitividad de nuestro golpeado Perú.