Desde ComexPerú hemos venido haciendo llamados al Gobierno para que no ceda ante chantajes o protestas violentas porque se vulnera el principio de autoridad. A ello se suman los anuncios populistas que hacen tremendo daño al país y exacerban el descontento social, al configurar promesas que no mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos. Esta situación se ha acentuado y el Gobierno ha perdido espacios que serán difíciles recuperar, que afectan seriamente el ambiente de inversiones y ponen en jaque al futuro económico y social del país.

Recordemos el mal manejo de la emergencia ocurrida en San Juan de Lurigancho que evidenció la terrible gestión de Sedapal. Una empresa estatal no tiene ningún incentivo para ser eficiente y el ciudadano es el afectado, ya que recibe un servicio de mala calidad. Nada ha cambiado. O cuando el Gobierno cedió al chantaje del paro nacional de transportistas, acordando la devolución del ISC a los combustibles (aprobado hace unos días), posponer el uso del GPS y el acuerdo para la revisión de los peajes. El bloqueo de carreteras es un ilícito penal, pero en este país se cede ante delitos e incluso se los premia. O el acuerdo con la comunidad de Mayuriaga (Loreto), donde se acordó darles 50 puestos de trabajo para que permitan a Petroperú ingresar a reparar el daño causado al Oleoducto Norperuano ocasionado por ellos mismos. ¿Quién termina pagando estos costos? El ciudadano.

A esto se suma el débil manejo de los conflictos mineros, al ceder ante las protestas violentas y radicales; retroceder en la defensa del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, y atentar contra la predictibilidad de las inversiones. Basta con ver los casos de Las Bambas o Tía Maria y los bloqueos del corredor minero.

Y en esta semana tenemos la huelga del Sutep y de los médicos, con exigencias de aumentos salariales y mayores recursos en el presupuesto público, así como el paro de los gremios de taxis colectivos, que piden un decreto de urgencia para facilitar su formalización y se oponen al plan piloto de fiscalización electrónico. Ojalá la Autoridad de Transporte Urbano de Lima Metropolitana (ATU) no ceda.

Sumado a esto, tenemos a un Estado débil y sin presencia en las regiones, que no cumple su mandato constitucional de proveer servicios públicos de calidad, como salud, educación y seguridad. La empresa privada llega antes que el Estado a las comunidades y es quien recibe las demandas sociales de la población. Requerimos un Estado presente y con mayores capacidades de gestión y eficiencia en el gasto público.

El Gobierno no puede retroceder en su rol de autoridad. Urge recuperar el orden y, con ello, el rumbo del país, mediante el fortalecimiento del manejo de los conflictos sociales. Estas señales son claves para la atracción de inversiones y para la generación de empleo. Pero, sobre todo, debemos mejorar la gestión de los recursos del Estado y, para ello, se requieren liderazgo y autoridad.