Cero en calidad regulatoria debe ser la nota que reciban tanto el Ejecutivo como el Legislativo por las normas que han venido aprobando en las últimas semanas. Normas que afectan seriamente nuestra competitividad, alteran la eficiente asignación de recursos y promueven la informalidad. Esto no hace más que evidenciar la urgente necesidad de mejorar el diseño de políticas públicas tomando en cuenta un análisis de su real impacto.

Algunos ejemplos de estas acciones inexplicables —desde un punto de vista técnico, tal vez coherentes desde uno político— han sido: i) el reciente reglamento de la Ley de Alimentación Saludable; ii) la prepublicación del proyecto que establece criterios para la promoción y publicidad de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios; iii) la ley que dispone la prohibición del uso de leche en polvo en los procesos de fabricación de leche evaporada; iv) el proyecto de reglamento de etiquetado de productos con ingredientes transgénicos, y v) la ley que reinstaura la vigencia de 2 años de los certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones. Todos ellos carecen de rigurosidad técnica, sustento científico y solo generan distorsiones en nuestra ya golpeada economía.

Así llegamos a este punto. Es una vergüenza que el Perú, debido a su pobre calidad regulatoria por normas de este tipo, haya pasado del puesto 127 en 2014-2015 al 134 en 2016–2017, en el indicador de carga regulatoria del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. Es decir, estamos a solo 4 puestos del último de la lista.

El Decreto Legislativo N.° 1310, de diciembre de 2016, dictó medidas de simplificación administrativa, incluyendo el análisis de la calidad regulatoria de los procedimientos administrativos, lo que fue recibido como una reforma trascendental para la nueva visión del Estado simplificador y facilitador. Pero ¿qué ha ocurrido con esta norma? Este criterio de análisis debería extenderse, además, no solo a las entidades del Poder Ejecutivo, sino al propio Congreso de la República, con el fin de mejorar las políticas públicas, analizando proporcionalidad, costo-beneficio, efectividad, entre otros. Si queremos ser un país moderno, debemos aplicar esta herramienta y así mejorar la calidad de nuestras políticas.

Normas como las que han sido aprobadas solo afectan al sector formal, generan desincentivos a la industria, mayor desempleo e informalidad, lo que afecta finalmente a los propios consumidores. Otro golpe a la economía. ¿Que nos está pasando? Parece que todo va un paso para adelante y dos para atrás.