En los últimos meses, se han publicado diferentes reportes internacionales en los que se detalla, a través de diversos indicadores, el estado de las economías del mundo. Podemos nombrar así el informe del Índice de Competitividad Global 2016-2017, del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), o el reporte Doing Business 2017 (DB), elaborado por el Banco Mundial.

En ambos casos, el Perú ha logrado su mejor desempeño en los indicadores que hacen referencia al tema financiero. En el índice del WEF, nuestra mejor posición se encuentra en el pilar de desarrollo del sistema financiero (puesto 26 de 138 países), y en el DB 2017, en el rubro de obtención de crédito (puesto 16 de 190 países), además de poseer en los cuatro rubros subordinados de este último un puntaje mayor al promedio tanto de América Latina y el Caribe como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ahora bien, si miramos con detenimiento los componentes de estos indicadores, se da un gran peso a la regulación y capacidad de nuestro sistema financiero para favorecer el desarrollo de los negocios. Si bien este es un tema muy importante, y los resultados positivos de nuestro país son dignos de resaltar, no se da mucha luz al problema de acceso de la población a los servicios financieros.

En el Semanario N.° 845 indicamos que el mayor uso de mecanismos financieros en el Perú se concentra principalmente en la oferta de los cajeros automáticos (ATM, por sus siglas en inglés) y las oficinas bancarias, y también que, en 2015, existía una gran concentración de estos puntos de atención en la costa, pero se dejaron de lado la sierra y la selva.

Según datos de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), al mes de agosto de este año, contamos con 7,459 ATM y 2,167 oficinas bancarias. Con respecto a los primeros, Lima cuenta con el 63% del total, mientras que el resto de departamentos se reparten el 37% restante. Lejos quedan Arequipa y La Libertad, los departamentos con el mayor porcentaje de ATM luego de la capital, que poseen solo un 4.7% y un 4.2% del total, respectivamente. Les siguen Piura, Ica y Lambayeque, con un 3.8%, 3.2% y 2.9% cada uno. De igual forma, Lima posee un 59.4% del total de oficinas bancarias, mientras que en todo un grupo de departamentos del norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín) se concentra solo un 17.2%.

Por lo que vemos, la costa sigue siendo la zona predominante de acceso financiero. Impulsar el acceso en la sierra y la selva involucra entonces aumentar la infraestructura disponible en estas zonas. No obstante, sería relativamente mucho más costoso para los bancos incrementar su presencia ahí que en la costa, por lo que otros métodos también son necesarios.

Al respecto, según el reporte Microscopio Global 2016[1], que analiza el panorama de expansión de los servicios financieros en 55 países en desarrollo (en el cual el Perú obtuvo por décimo año consecutivo el primer puesto), el uso de tecnologías digitales es cada vez más importante para la inclusión financiera. Precisamente, nos estamos quedando atrás en este aspecto, pues nuestro menor puntaje en el reporte se encuentra en el indicador de pagos electrónicos. En específico, se señala que la infraestructura disponible para ofrecer servicios financieros digitales en el Perú aún no se ha adecuado a las necesidades de la población de menores ingresos. Por lo tanto, tenemos aquí un punto a tomar en cuenta.

De la misma forma, será de gran importancia la próxima Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), ya que se discutirá el desarrollo de políticas de inclusión financiera en la región, como ya se hizo en la reunión de ministros de finanzas realizada el pasado mes de octubre. Esta será una gran oportunidad para aprender todo lo que podamos de los países más avanzados en este aspecto.

Finalmente, resaltamos una recomendación del Microscopio Global. Una vez que empecemos a lograr que más peruanos tengan acceso a la oferta financiera, debemos evitar que ello se traduzca en nada más que el retiro de pagos de algún tipo de transferencia. Usar el monitoreo de la información sobre las transacciones que se realizan en esas cuentas será una herramienta útil para entender qué medidas deben tomarse con el fin de facilitar su uso por parte de la población de menores ingresos. Después de todo, el objetivo es lograr una expansión del crédito, ya que este es un factor para impulsar la demanda y dar mayor poder adquisitivo a quienes poseen solvencia, mas no liquidez.

Logremos un mayor acceso y, a la vez, promovamos el uso de los servicios financieros para el beneficio de todos.