Según el artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo N.o 1362, las asociaciones público privadas (APP) se constituyen como una de las modalidades de participación de la inversión privada, en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos de un proyecto y se destinan recursos para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para la población. 

En el Perú, según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), la cartera de proyectos bajo modalidad APP cuenta con 44, por un monto acumulado de US$ 8,900 millones, entre proyectos en maduración y maduros[1]. Los primeros suman un total de US$ 2,000 millones, mientras que los segundos acumulan una inversión total de US$ 6,900 millones. 

Dicha cartera de proyectos de ProInversión cuenta con proyectos para los sectores salud, energía, saneamiento, educación, turismo, producción, transportes y comunicaciones. Además, de los 21 proyectos en maduración, uno[2] está priorizado en la cartera de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), mientras que siete[3] de los 23 proyectos maduros pertenecen a la cartera del PNIC. 

Es importante resaltar el hecho de que varios de estos proyectos continúan en la cartera de ProInversión pero no logran ser adjudicados. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para Trujillo, Cajamarca, Cañete, Cusco y Tarapoto continúan sin ser adjudicadas a marzo de 2022, pese a que ya estaban priorizadas en la cartera de proyectos para el periodo 2020-2021. 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN EL PERÚ

Según el documento Casos de estudio en Asociaciones Público-Privadas en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Perú cuenta con bastante experiencia utilizando modelos APP para desarrollar infraestructura y servicios. Además, según el Banco Mundial (BM), entre 1990 y la primera mitad de 2021, se ha logrado el cierre financiero de 158 proyectos, con un valor total de inversión de US$ 38,810 millones. De estos, el sector con más proyectos cerrados financieramente fue electricidad, con 94 y una inversión conjunta de US$ 17,486 millones. Le siguen los sectores carreteras (21 proyectos; US$ 5,566 millones), agua y saneamiento (10 proyectos; US$ 1,588 millones), puertos (10 proyectos; US$ 2,508 millones), comunicaciones (8 proyectos; US$ 2,000 millones), ferrocarriles (7 proyectos; US$ 7,178 millones), aeropuertos (5 proyectos; US$ 706 millones) y gas natural (4 proyectos; US$ 1,900 millones). 

Por un lado, de acuerdo con el Infrascopio, herramienta desarrollada por The Economist Intelligence Unit y promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que evalúa el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, nuestro país se ubicó en el segundo lugar[4] en cuanto a las condiciones para el desarrollo de APP eficientes y sostenibles, junto a Colombia, y solo después de Chile. Así, de acuerdo con la última edición de este índice, el Perú progresó entre 2017 y 2018, consolidando las jurisdicciones y fortaleciendo las competencias de su marco institucional para APP. 

Sin embargo, no todo es positivo. Como mencionamos anteriormente, existen proyectos priorizados que permanecen en la cartera de proyectos de ProInversión, pero no logran adjudicarse a lo largo de los años. Además, según el BID, a pesar de la experiencia y los éxitos de los proyectos bajo la modalidad APP, nuestro país enfrenta los siguientes desafíos: i) existencia de problemas institucionales, como la falta de coordinación y definición de competencias y jurisdicción entre instituciones públicas; ii) constantes procesos de renegociación de contratos, en especial durante los primeros años; iii) importantes retrasos en la etapa de ejecución; iv) carencia de contratos estandarizados y v) falta de planificación y priorización estratégica de proyectos. 

La participación del sector privado en la ejecución de proyectos de inversión ha traído grandes beneficios al país. Sin embargo, ProInversión y los diferentes niveles de gobierno, así como las entidades involucradas no deben permitir mayores retrasos. Se tiene que actuar con eficiencia para implementar, adjudicar y ejecutar los proyectos, de manera que estos logren resultados positivos en el corto plazo, en beneficio de la población.

[1] Proyectos en maduración se refiere a aquellos proyectos en fase de formulación. Proyectos maduros se refiere a proyectos en fase de transacción.

[2] Corresponde al proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas).

[3] Corresponde a los proyectos: PTAR Puerto Maldonado; Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima; Rehabilitación integral del ferrocarril Huancayo-Huancavelica; Longitudinal de la Sierra Tramo 4; Línea de transmisión 500 kilovoltios subestación Piura Nueva-Frontera; Parque Industrial de Ancón; y la construcción del anillo vial periférico de la ciudad de Lima y Callao.

[4] El análisis y contenido del índice que evalúa la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para llevar a cabo asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura sostenibles abarcan el período comprendido entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.