Las aplicaciones móviles para solicitar un servicio de taxi son una tendencia global que llegó a nuestro país en 2012 y desde entonces han crecido en gran magnitud. A la fecha, existen más de 10 aplicaciones que brindan este servicio en Lima y algunas ya llegaron a las principales ciudades del país, como Cusco, Arequipa, Piura, etc. Según una encuesta de Ipsos, entre abril y mayo de 2017, del 51% de limeños que usaron taxi, un 26% lo hizo mediante una aplicación móvil.

La entrada de más operadoras ha permitido que este mercado se vuelva cada vez más competitivo, lo que se ha visto reflejado en menores precios y mayor calidad para los usuarios. No obstante, parece que existe una confusión respecto al verdadero servicio que brindan estas aplicaciones y su dinámica en el mercado, por lo que resulta interesante entenderlo sobre todo ante posibles nuevas regulaciones.

¿Cómo funciona este mercado?

Dichas aplicaciones son plataformas tecnológicas que permiten organizar el servicio de transporte para los usuarios con terceros proveedores independientes: los conductores, quienes no están empleados por la empresa dueña de la aplicación. En ese sentido, no son empresas proveedoras de servicios de taxi, sino que funcionan como agentes intermediarios entre el conductor del vehículo y el usuario que requiere trasladarse, es decir, son una herramienta que conecta oferta y demanda.

En otras palabras, estas compañías tecnológicas no son dueñas de los vehículos ni empleadoras de los conductores. Por lo tanto, la responsabilidad del viaje no la asume la aplicación, sino el conductor del vehículo, lo que figura en los términos y condiciones de estas plataformas, y es aceptado por los usuarios.

Por brindar este servicio de conexión, las empresas cobran una tarifa fija o variable (dependiendo de la compañía) por cada viaje realizado. Por otro lado, para poder afiliarse a una de las empresas, los conductores deben presentar una serie de requisitos obligatorios, tanto personales (antecedentes policiales, exámenes psicotécnicos, etc.) como del vehículo (tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica, etc.).

Más y más regulación

Recientemente, el congresista Miguel Elías, de la bancada Fuerza Popular, ha presentado el Proyecto de Ley N.° 1550, que busca regular el servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas. Entre las iniciativas planteadas en dicho proyecto, se encuentran la identificación del conductor, del vehículo y de la ruta. Asimismo, se indica que los conductores y los vehículos deberán contar con permisos necesarios para el servicio. También, dispone la creación del Registro Nacional de Plataformas Tecnológicas para el servicio de transporte privado a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el cual estarán registradas dichas empresas. A ello se suma que cada operadora deberá contar con una oficina administrativa en el país y con una central telefónica de atención al usuario las 24 horas del día. 

Este proyecto de ley no está exento de críticas. En primer lugar, porque el servicio que pretende regular no es el que está en cuestión. Como hemos mencionado, las aplicaciones no brindan el servicio de taxi, sino son empresas tecnológicas que generan una conexión entre el usuario y el conductor, verdadero prestador del servicio de transporte. Por otro lado, podemos observar que muchas de las normas que propone el proyecto ya han sido implementadas por la misma dinámica del mercado, para asegurar mayor confiabilidad y seguridad a los usuarios, como son la identificación del conductor y del vehículo, y la serie de permisos de los vehículos para afiliarse a la empresa.

Además, en la justificación del proyecto se incluye que se busca evitar una competencia desleal con otras modalidades de servicio de taxi, cuando el Indecopi ya ha resuelto en ocasiones anteriores que estas empresas no incurren en ello, debido a que pertenecen al sector tecnológico y no al de transportes. Finalmente, cabe resaltar que el proyecto no hace referencia a un problema verdaderamente relevante, como es el tratamiento de los datos privados de los usuarios que hacen uso de las aplicaciones.

Lo que haría este proyecto de ley es sobrerregular a las empresas tecnológicas cuando, en todo caso, se debería crear un reglamento ad hoc para los conductores privados y los taxistas regulares. Y aún más urgente es poner en regla al enorme número de taxistas informales que siguen circulando por las calles.

Aumentar la regulación a las empresas tecnológicas no solo desincentivaría la entrada de nuevos competidores, sino que podría generar un aumento en sus costos y, en consecuencia, mayores precios para los usuarios. Ahora son los taxis, ¿después pretenderán regular los servicios digitales de alojamiento?