El Consejo Fiscal advierte que, desde el periodo legislativo de 2021 hasta la fecha, se han emitido leyes que pueden generar un impacto negativo en las finanzas públicas. Además, ha identificado proyectos de ley que agravarían esta situación. 

Entre los principales actores que han generado esta situación se encuentran el Congreso de la República y el Misterio de Economía y Finanzas (MEF). La responsabilidad del primero recae en que, desde 2021, se han aprobado 229 leyes que tienen un impacto fiscal adverso, pues incrementan el gasto público sin una fuente de financiamiento identificada. 

Una alternativa para minimizar la proliferación de ese tipo de iniciativas legislativas sería hacer efectiva la implementación del análisis de impacto regulatorio (AIR). Esta metodología, desarrollada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), busca que las normas sean efectivas y eficientes al menor costo. Por ello, se ha incorporado en el sistema legal peruano, inicialmente en el Poder Ejecutivo, mediante decretos legislativos (por ejemplo, los N.° 1448 y N.° 1565) y sus reglamentos. 

Por su parte, el Congreso de la República adoptó estos estándares a través de la reforma de su reglamento. Actualmente, el artículo 75.° exige que los proyectos de ley contengan una exposición de motivos detallada que explique el problema, los antecedentes, el impacto en la legislación existente, así como un crucial análisis costo-beneficio que identifique los sectores afectados y los efectos monetarios y no monetarios de la futura norma. 

Sin embargo, este análisis no viene cumpliéndose. Además de las leyes aprobadas que incrementan el déficit presupuestal, se han identificado diversas iniciativas legislativas que no cumplirían con las exigencias establecidas en el artículo 75.°, lo que genera riesgos adicionales y posibles afectaciones a la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Así, en lo referido a la reducción de ingresos, destaca el dictamen del Proyecto de Ley 09433/2024-CR, presentado por el congresista José Luna (Podemos Perú), que propone extender el régimen de arrastre de pérdidas del impuesto a la renta para las pérdidas generadas durante los ejercicios 2020-2022. Esto sin considerar que, en las opiniones recogidas, el Ejecutivo determinó que con este proyecto se generaría un costo fiscal de 5,100 millones, considerando que las pérdidas acumuladas entre 2020, 2021 y 2022 suman 98 millones de soles. 

Por otro lado, en materia de incremento del gasto público, se encuentran dictámenes como el del Proyecto de Ley 01901/2021-CR, presentado por la congresista María Agüero (Perú Libre), y el Proyecto de Ley 05637/2023-CR, presentado por el congresista Américo Castillo (Perú Libre). Ambos buscan otorgar beneficios adicionales a determinados regímenes laborales especiales, equiparándolos con el régimen general. 

En ese sentido, no debería admitirse, en ninguna circunstancia, que el legislador desconozca las opiniones técnicas del MEF, las cuales advierten sobre el riesgo de debilitar los regímenes especiales existentes e incrementar el gasto público sin respaldo presupuestal. Un ejemplo de ello es el Proyecto de Ley N.º 05637, respecto del cual dicho ministerio ha expresado su preocupación por el impacto fiscal que implicaría el cumplimiento de las nuevas obligaciones previstas. 

Ahora bien, el segundo actor responsable es el Ejecutivo, pues en lugar de observar las iniciativas que afectan la sostenibilidad fiscal sin sustento técnico, ha permitido la aprobación de 181 leyes que implican gasto público y 38 que generan una reducción de ingresos tributarios. De estas, seis fueron aprobadas sin contar con la opinión del MEF durante su proceso de elaboración, instancia en la que debieron haberse advertido las deficiencias técnicas correspondientes.

De igual forma, el Ejecutivo solo observó menos del 45% de las leyes que generan un impacto fiscal adverso, es decir, dejó de ejercer su función aun cuando estas normas afectaban los ingresos fiscales y el gasto público. Asimismo, ha optado por no ejercer su facultad constitucional al no interponer demandas de inconstitucionalidad contra dichas normas. Desde 2021 solo han sido presentadas 3 acciones de inconstitucionalidad, cifra baja frente a la cantidad de normas perjudiciales. 

En ausencia de una voluntad política clara del legislador para actuar de manera coordinada y responsable —empleando los mecanismos de evaluación previa y el correspondiente AIR—, debería disponerse que la Oficina de Calidad Legislativa del Congreso revise todos estos proyectos de ley. Dicha revisión permitiría determinar la viabilidad técnica y el costo-beneficio de cada propuesta, en especial de aquellas que puedan afectar la sostenibilidad fiscal del país. 

Esta condición cobra mayor importancia a la luz de los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que habrían ampliado los márgenes de la iniciativa de gasto, lo que hace indispensable reforzar los controles ex ante para proteger la estabilidad de las finanzas públicas y promover una gestión responsable de los recursos del Estado.