El pasado lunes 8 de agosto, se publicó en El Peruano la Ley que fomenta la donación de alimentos (Ley N.° 30498). Si bien se dio un gran primer paso en lo que respecta a un tema de carácter urgente y en el que nos encontramos rezagados a nivel mundial, aún falta mucho por hacer.

La mencionada ley delimita correctamente la responsabilidad de cada involucrado en el proceso (antes había un vacío al respecto), lo que genera una mayor confianza para el donador, y aprueba la exoneración del IGV a las donaciones que se realicen a organizaciones que estén inscritas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), ya sin la necesidad de una resolución ministerial, cuestión que obstaculizaba excesivamente el proceso para las donaciones que se realizaban con periodicidad diaria. No obstante, con cierta pena, debemos hacer notar que, tal cual fue aprobada, la ley incluye un error que sería el principal causante de que millones de toneladas de alimentos en buen estado se sigan destruyendo en el Perú, a pesar de las buenas intenciones.

Resulta que, de toda la comida que hoy se desecha en los supermercados del país y es susceptible de ser donada a poblaciones vulnerables, se estima que solo un 30% sería donado, y el 70% restante seguiría siendo destruido. ¿Por qué? Porque la nueva ley indica que las empresas pueden realizar donaciones hasta un monto máximo equivalente al 10% sobre su renta neta. ¿Cómo afecta esto el funcionamiento del mecanismo?

Si tú quisieras, Gobierno

A manera de ejemplo, si sumamos las rentas netas de las cuatro principales cadenas de supermercados del país en 2015, y calculamos el 10% de ese número (que vendría a ser lo máximo que podrían donar al año, en conjunto), esto nos daría un total de S/ 36 millones (aproximadamente S/ 9 millones por compañía).

Así, mientras que S/ 36 millones en alimentos equivalen a lo máximo que podrían haber donado en total estas cuatro cadenas de supermercados debido a la ley, la verdad es que tan solo una de ellas destruye, al año, S/ 50 millones o más.

¿Hace alguna lógica que se permita donar solo S/ 36 millones a los supermercados cuando estos podrían fácilmente ser muchos más, si no hubiera un límite en la ley? Para los 2.3 millones de peruanos que pasan hambre, los 7 millones que están bajo la línea de pobreza y los 500,000 niños que sufren desnutrición crónica, claramente no, así como tampoco para todos a quienes nos indigna esta realidad.

Entonces, lo que debemos preguntarnos es ¿por qué colocar un límite a las donaciones de productos tan sensibles como los alimentos que, actualmente, de no ser donados, son destruidos con el mismo efecto tributario? El Congreso pasado no pudo aprobar la rectificación de este tema por falta de tiempo y la ley, lamentablemente, se aprobó con el límite de 10% de la renta para todas las empresas, salvo aquellas que tuvieran pérdidas en el ejercicio, para quienes el límite sería el 3% de sus ventas. Esto último nos confirma que, por lo menos, se entendió que no es necesario tener una renta positiva (ya sea pequeña o grande) para tener mermas y desmedros de alimentos, porque este último concepto depende enteramente del volumen de alimentos que pasan por tienda y, por ende, son más vulnerables a sufrir daños. En cambio, la renta de una empresa, sobre todo en la industria retail, se ve afectada por muchísimos otros factores económicos que poco o nada se relacionan con las mermas y desmedros, como el tipo de cambio, el crecimiento económico, entre otros shocks que podrían reducir la utilidad de la empresa, pese a tener un alto nivel de ventas.

Esto nos lleva a sugerir, en todo caso, que el límite que el Gobierno quiera colocarle a las donaciones esté en función a las ventas netas de las empresas y no a su renta pues, como se comprueba párrafos arriba, dejarlo en función a esta última generaría que los supermercados puedan donar solo una mínima parte de los alimentos que pierden valor comercial (pero que son aptos para el consumo humano) y que la mayor parte siga siendo destruida.

Modificar este error, que pone en riesgo la efectividad de la ley, está en manos principalmente de los nuevos congresistas y de la buena observación que le dé al proyecto el también nuevo ministro de Economía. De no realizarse la modificación, millones de alimentos seguirán siendo destruidos en nuestro país. Las buenas intenciones, ahora, no son suficientes.

Para una próxima oportunidad, sería importante también que, con nuevos aires, se discuta la viabilidad de la cláusula de obligatoriedad que se incluyó en la quinta disposición final de la ley y que podría resultar una mala copia de un país que nos lleva más de 50 años de ventaja en lo que respecta a donación de alimentos (ver Semanario N.° 846).