El Estado de derecho (o rule of law) es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades, además que reduce la corrupción, combate la pobreza y protege a las personas de las injusticias. Anualmente, el World Justice Project (WJP) elabora el Índice de Estado de Derecho, el cual permite establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, así como enfatizar la importancia de este principio de gobernanza.

Es importante mencionar que la elaboración de este índice incluye a 113 países y se basa en 110,000 encuestas a hogares y 3,000 encuestas a expertos. A partir de estas, se mide el desempeño de los países en cuanto a ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

En cuanto a los resultados del índice para 2017-2018, a nivel global, los tres primeros lugares los ocuparon Dinamarca (1), Noruega (2) y Finlandia (3); mientras que los últimos tres fueron para Afganistán (111), Camboya (112) y Venezuela (113). Es importante resaltar que, en comparación con los resultados del último índice presentado en 2016, la mayoría de los países vio un deterioro en sus puntuaciones con respecto a los temas de derechos fundamentales, límites al poder gubernamental, justicia civil y justicia penal.

A nivel regional, en América Latina y el Caribe, el país mejor posicionado fue Uruguay, que ocupó el puesto 22, seguido por Costa Rica (24) y Chile (27). Surinam fue el país que experimentó el mayor cambio, al caer 10 lugares hasta ubicarse en el puesto 69.

El Perú subió cinco posiciones, al pasar del lugar 65 (en el índice de 2016) al 60, ubicándose en la posición 16 de 30 países de la región de América Latina y el Caribe, y en el puesto 17 de 36 países de ingreso medio alto[1]. En cuanto a los ocho factores, nuestro país se encuentra en las siguientes posiciones a nivel global: límites al poder gubernamental (32), ausencia de corrupción (89), gobierno abierto (44), derechos fundamentales (40), orden y seguridad (86), cumplimiento regulatorio (63), justicia civil (93) y justicia penal (88).

De los factores mencionados, el que debe ser urgentemente mejorado en el caso de nuestro país es el correspondiente a la justicia civil. Concretamente, este indicador mide si las personas comunes pueden resolver sus controversias de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia. Además, tiene en cuenta si esta justicia es accesible y libre de discriminación, libre de corrupción y sin influencia indebida por parte de los funcionarios públicos. Cabe resaltar que, dentro de este factor, los subíndices que resaltaron fueron los retrasos injustificados, el acceso a la justicia y la corrupción.

Visto esto, ¿qué se está haciendo para mejorar nuestra situación?. En 2017, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos propuso algunas reformas, las cuales serían implementadas en el transcurso del presente año para facilitar el acceso a la justicia y atender la lucha anticorrupción. Respecto de esta última, se planteó rediseñar los procesos y los mecanismos de control de las instituciones relacionadas, como la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura, así como que se lleven a cabo convocatorias para la selección de magistrados titulares con el más alto perfil profesional. Por último, se busca promover la transparencia de las decisiones jurisdiccionales y garantizar la superación de las barreras lingüísticas, lo que contribuye a que a las personas de las distintas partes del país tengan acceso real a la justicia.

En general, a pesar de que el Perú ha avanzado 5 posiciones en el ranking mundial, se espera que, individualmente, a partir de las reformas planteadas, se pueda mejorar en los factores en los que presentamos mayor debilidad, como la justicia civil. De lo contrario, la desconfianza de los ciudadanos irá en aumento, lo que sin duda afecta el Estado de derecho, restándole posibilidades al Perú, en el contexto internacional, de mostrarse como una nación moderna, próspera, segura y democrática. Asimismo, sería bueno también que las autoridades le den un vistazo a las reformas o manera de trabajar de los países que ocupan los primeros puestos del índice, para así evaluar su adaptación a nuestro país.

[1] Países de ingreso medio alto: Albania, Argentina, Belice, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, Irán, Jamaica, Kazajistán, Líbano, Macedonia, Macedonia, Malasia, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Rumania, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Sudáfrica, Surinam, Tailandia, Turquía y Venezuela.