Estos últimos días hemos sido testigos de cómo el Ejecutivo viene reaccionando eficaz e incansablemente frente a los problemas climatológicos que vienen afectando con fuerza a toda la costa de nuestro país. De la mano con una esforzada gestión de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo de Bomberos, así como con el apoyo de una organizada y solidaria sociedad civil, la labor de atención a las poblaciones y zonas afectadas es intensa.

Así, si bien se vienen dando disposiciones especiales destinadas a contrarrestar los recurrentes embates de la naturaleza, vemos que son varias las iniciativas legislativas que se encuentran desde hace un tiempo en la agenda del Congreso de la República y que, si hubieran sido aprobadas oportunamente, significarían un gran apoyo para las labores de prevención y remediación que actualmente se ejecutan.

En primer lugar, tenemos el tema de la donación de alimentos. Después de un intenso trabajo de convencimiento en distintas instancias, en agosto del año pasado, se promulgó la Ley N.º 30498, Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales. En esta se establece el marco normativo que facilita y promueve la donación de alimentos, así como la donación y los servicios gratuitos en los casos de desastres naturales.

Si bien consideramos que la referida ley constituyó un gran avance para que las empresas donen los alimentos aptos para el consumo humano que por diversos motivos hayan perdido su valor comercial, y puedan deducir los gastos que acarrean dichas donaciones para efectos del impuesto a la renta, contrariamente a nuestra propuesta inicial, se mantuvo el límite del 10% de la renta neta de tercera categoría, lo que en la práctica restringiría significativamente el volumen de donaciones, hecho que advertimos en su oportunidad (ver Semanario N.º 856).

En el caso concreto del sector de comercio minorista, que maneja altos niveles de comercialización de alimentos, lo que genera mayor posibilidad de donar alimentos no es precisamente la renta que registran las empresas en un determinado ejercicio, sino más bien el nivel de sus ventas. Esta fue la razón por la que, después de una nueva labor de concientización, en diciembre del año pasado se aprobó una modificación a la ley original, que modifica el límite de deducibilidad, del 10% de la renta neta de tercera categoría al 1.5% del total de las ventas netas.

Lamentablemente, esta nueva ley fue observada por el Ejecutivo y actualmente se encuentra en el Congreso. Esperamos que, dada la coyuntura, sea aprobada por insistencia, a pesar de la observación. El mismo Ejecutivo es consciente de la importancia de esta norma, razón por la cual hace solo unos días ha aprobado la reglamentación de la ley original, y ha advertido de la urgente necesidad de que sea puesta en práctica lo antes posible. No habría razón para oponerse a la insistencia, sino todo lo contrario.

En segundo lugar, tenemos el tema del cabotaje. Con la intención de promover una marina mercante nacional, desde hace varios años se implementó en el país la reserva del transporte acuático comercial en tráfico nacional o cabotaje exclusivamente a naves mercantes de bandera peruana y de propiedad de empresas navieras nacionales.

Tomando en consideración que dicha disposición nunca cumplió su objetivo, y que a la fecha no contamos con marina mercante nacional, mantener dicha restricción no tiene ningún sentido. En nuestro país existe un evidente problema relacionado con el transporte de carga que podría ser aliviado mediante la liberalización del cabotaje de mercancías entre los puertos de nuestro litoral, a la vez que permitiría reaccionar con mayor rapidez en casos de emergencia como los que se presentan actualmente.

Debido a esto es que el Ejecutivo viene promoviendo la liberalización del cabotaje de forma temporal, para atender la coyuntura. Sin embargo, desde hace buen tiempo que en la agenda del Congreso se encuentran diversas iniciativas en el mismo sentido, pero para atender el problema de forma permanente.

Es tiempo que el Legislativo discuta el tema y, de una vez por todas, se libere completamente este sector, para permitir el cabotaje a embarcaciones de bandera extranjera y nacional, ya sea que estén operadas por empresas navieras nacionales o extranjeras.

Esta medida es un claro ejemplo de una política mal enfocada y discriminatoria que, con la intención de promover el desarrollo de una flota carguera nacional, limita la libre competencia e impide, en la práctica, un transporte eficiente de mercaderías entre los puertos nacionales, lo que perjudica a los usuarios de estos servicios, a las regiones en donde están estos puertos, a millones de consumidores y, por ende, a todos los peruanos.

Así como estos dos ejemplos, existen muchos más. El Congreso de la República tiene que entender que varias iniciativas legislativas previstas en su agenda tienen un impacto importante a futuro, por lo que urge su priorización e inmediato debate.