En el mes de noviembre se cumplirán cinco años desde que se promulgó la Ley N.° 29811, que estableció la moratoria al ingreso al territorio nacional y la producción de organismos vivos modificados (OVM) –denominados comúnmente transgénicos– por un periodo de 10 años.

Con la pretendida finalidad de “fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación del ambiente de OVM”, esta ley dispuso el impedimento del ingreso y producción de OVM con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente, excluyéndose a los destinados al uso en espacio confinado para fines de investigación, los usados como productos farmacéuticos y veterinarios, y los OVM o sus productos derivados importados destinados para alimentación directa humana y animal, o para su procesamiento, los que se encuentran sujetos a análisis de riesgo previos.

Así, debido a esta moratoria, se dispone que todo material genético que ingrese al territorio nacional, salvo lo exceptuado en el párrafo precedente, que no pueda acreditar su condición de no ser OVM, será materia de decomiso y destrucción, y se aplicarán las sanciones correspondientes.

De manera complementaria, se instruyó al Ministerio del Ambiente (Minam) para que, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), promueva el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de las instituciones nacionales encargadas de difundir las técnicas que aplica la biotecnología moderna y la bioseguridad, con la finalidad de contribuir a la toma de decisión de los proveedores y consumidores en relación con los OVM, y fomente la biotecnología basada en los recursos genéticos nativos, para lograr su conservación y desarrollo competitivo en lo económico, social y científico.

Todo suena muy bonito, ¿pero realmente se ha avanzado en algo? La respuesta es no. Es más, en los últimos días de la administración saliente se han promulgado una serie de instrumentos legales que fortalecen la parte represiva de la moratoria sin poner énfasis en las labores de investigación y evaluación científica que sustentaron su disposición.

Así, mediante el Decreto Supremo N.° 006-2016-MINAM, se aprobó el Procedimiento y Plan Multisectorial para la Vigilancia y Alerta Temprana respecto de la Liberación de OVM en el Ambiente, lo que permitiría al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aplicar multas por la comercialización y uso de OVM que podrían llegar hasta las 1,000 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, S/ 3.95 millones.

Adicionalmente, en dichas fechas se publicaron también el Decreto Supremo N.° 011-2016-MINAM y la Resolución Ministerial N.° 195-2016-MINAM, que aprobaron los listados de mercancías restringidas sujetas a control, muestreo y análisis en los puntos de ingreso, en el marco de la mencionada ley. Frente a ello, será importante que tanto la nueva administración como el Congreso de la República evalúen seriamente y con fundamento técnico la conveniencia de mantener esta moratoria.

Si el sustento de la medida obedeció al principio precautorio, es decir, al “daño potencial” que los cultivos OVM ocasionarían al medio ambiente, especialmente a la biodiversidad nativa, ya en el Semanario N.° 845 hemos advertido de la existencia de evidencia suficiente que acredita que la adopción de los OVM no afecta negativamente la biodiversidad, como comúnmente se cree. Basta en este punto resaltar lo señalado en el reciente informe de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU., que concluye, después de revisar 900 estudios científicos publicados desde hace 30 años sobre el tema, que el consumo de cultivos OVM no daña la salud humana ni animal, y tampoco genera efectos adversos en el medio ambiente. Por el contrario, señala que sí hay evidencias de que los cultivos OVM resistentes a plagas generan beneficios para la salud humana al reducir las intoxicaciones por pesticidas.

De otro lado, si el problema es que el uso de OVM atenta contra la biodiversidad, en el mismo semanario se indica que la Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología destaca el hecho de que los mismos países considerados como megadiversos sean los que poseen las mayores cantidades de cultivos OVM, lo que acredita la posibilidad de su pacífica coexistencia.

Si, como el nuevo Gobierno ha mencionado, la promoción de la agricultura debiera ser un eje importante para apuntalar la recuperación económica en esta gestión, resulta imprescindible que de una vez se trabaje en el levantamiento de esta injustificada moratoria, ya que resta incentivos e inversión para mejorar la calidad productiva de nuestro sector agrario, así como afecta el desarrollo de nuestro potencial agroexportador y la industria peruana conexa.