Hace unos días escuchamos en las noticias la decisión del nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer un arancel del 20% a la importación de productos mexicanos, supuestamente con el fin de proteger y promover la industria nacional. Ello ha generado gran preocupación en EE.UU., especialmente por parte de los grandes productores agroalimentarios estadounidenses, que tienen en México uno de sus principales mercados, y que podrían verse afectados por las represalias que pueda adoptar dicho país, también mediante un aumento de sus aranceles. 

Basta recordar que, entre los años 2009 y 2010, México impuso aranceles a un número significativo de productos de EE.UU., a raíz del bloqueo efectuado a camiones mexicanos en carreteras estadounidenses, lo que causó graves perjuicios económicos a los exportadores de dicho país.

Así pues, independientemente de lo populista y equivocada que puede sonar la medida anunciada por el presidente Trump —toda vez que un aumento de aranceles repercute directamente en los precios de los productos y afectaría principalmente a los consumidores estadounidenses, además de poner en riesgo las estrechas relaciones sociales y comerciales de ambos países—, resulta interesante comentar cómo funcionan los aranceles y cuál es el campo de acción que tienen los países para fijarlos, aumentarlos o reducirlos.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que los aranceles son derechos de aduana (tributos) aplicados a las importaciones de mercancías. Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), estos proporcionan a las mercancías producidas en un país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los Gobiernos.

Un resultado de la ronda de Uruguay, negociación comercial multilateral que devino en la creación de la OMC, fueron los compromisos asumidos por los países de reducir sus aranceles y consolidar los tipos de derechos de aduana a niveles difíciles de aumentar. En tal sentido, la tendencia de los países es a reducir sus aranceles —ya sea en el plano multilateral (en el marco de la OMC) o en el pluri o bilateral, a través de acuerdos de libre comercio—, no a aumentarlos.

Aumentar los aranceles de manera unilateral, por encima de los compromisos de consolidación expuestos, genera una situación de incumplimiento de los acuerdos comerciales, así como del sistema multilateral, lo que activa los correspondientes mecanismos de solución de controversias.

Como bien menciona el premio nobel de Economía Paul Krugman, “si EE.UU. sigue adelante e impone un 20% de aranceles a México, estará repudiando en la práctica el conjunto del sistema (que el mismo EE.UU. construyó). Adiós al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; adiós a la OMC. El peligro no es tanto la represalia, sino la emulación. Otros van a seguir la estela. Las barreras comerciales van a comenzar a elevarse alrededor del mundo; la globalización se revertirá rápidamente. A la larga, el mundo será más pobre”.

Ahora, si bien muchos países consagran en su normatividad interna el principio del libre comercio, también se contempla la posibilidad de adoptar medidas de retaliación en caso que otros países implementen medidas proteccionistas o discriminatorias que los perjudiquen. A modo de ejemplo, el artículo 63 de nuestra Constitución plasma esta idea, al disponer que la producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres; por lo que, si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de este, adoptar medidas análogas.

En un mundo cada vez más globalizado, con procesos productivos dispersos mundialmente, cada vez resulta más difícil determinar la nacionalidad de los productos, por lo que medidas como las planteadas, basadas en ideas proteccionistas equivocadas, no hacen más que perjudicar a los consumidores.