En la edición anterior, analizamos el capítulo vigesimoctavo, sobre solución de controversias, del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), por lo que a continuación procederemos a analizar el capítulo vigesimonoveno, sobre excepciones y disposiciones generales[1].

Sin perjuicio de todas las disposiciones del TPP asumidas por las partes, que hemos venido desarrollando en las anteriores ediciones, el presente capítulo asegura que todas las flexibilidades que garanticen el pleno derecho de las partes de regular en pro del interés público estén disponibles. Por ello, se incorporan las excepciones previstas en la Organización Mundial del Comercio (OMC), relacionadas tanto con el comercio de mercancías como el de servicios. Así, por ejemplo, en virtud de lo anterior se salvaguarda que nada impida a las partes adoptar o aplicar medidas en materia ambiental necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, o medidas relacionadas con la conservación de los recursos naturales agotables.

Asimismo, en materia de seguridad, se incorpora una excepción general que resguarda la información cuya divulgación se considere contraria a los intereses esenciales de seguridad de las partes, y se salvaguarda que las mismas apliquen medidas que consideren necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al mantenimiento o restauración de la paz o la seguridad internacional, o para la protección de sus intereses esenciales de seguridad.

De igual manera, se definen las circunstancias y condiciones bajo las que se podrán imponer medidas temporales de salvaguardia (como los controles de capital) que restrinjan las transferencias (como aportes de capital, transferencias de utilidades y dividendos, los pagos de intereses y regalías, y los pagos en virtud de un contrato) relacionadas con las inversiones, para asegurar que las partes mantengan la flexibilidad de gestionar sus flujos volátiles de capital, en contextos de crisis de balanza de pagos u otras crisis económicas, o amenaza de las mismas.

De otro lado, se incluye una excepción amplia y general de los impuestos al consumo, salvo los aranceles. Asimismo, se establece, en principio, que nada de lo dispuesto en el TPP afectará los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes respecto de los convenios para evitar la doble tributación u otros acuerdos internacionales en materia tributaria que estén vigentes. Sin embargo, en caso surja alguna diferencia sobre la existencia de alguna incompatibilidad entre el TPP y estos convenios, la misma deberá ser remitida a las autoridades designadas por las partes para su resolución en un plazo determinado. Recién vencido dicho plazo sin que se haya alcanzado algún tipo de solución, se podrá iniciar un procedimiento de solución de controversias inversionista-Estado o Estado-Estado.

En materia tributaria, se establecen las disposiciones de los capítulos de inversión y de comercio transfronterizo de servicios que serán aplicables a otros tipos de impuestos, como sobre la renta, ganancias de capital, el capital gravable de las sociedades, el valor de una inversión o propiedad, o el patrimonio.

Una novedad prevista en el TPP es la inclusión de una excepción especial relacionada con las medidas de control de tabaco, en el sentido de que las partes podrán denegar la posibilidad de que los inversionistas acudan al mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado en caso consideren que una medida impuesta por una parte, relacionada con el control del tabaco, vulnere dicho capítulo. Así pues, entre las medidas de control se consideran aquellas relacionadas con la producción o el consumo de productos manufacturados de tabaco, su distribución, etiquetado, empaquetado, publicidad, comercialización, promoción, venta, compra o uso, así́ como las medidas de cumplimiento, como inspección, mantenimiento de registros y requerimientos de información.

Cabe destacar que la inclusión de esta disposición obedece a la tendencia de imponer este tipo de controles a nivel mundial, y las dudas generadas sobre si los acuerdos comerciales internacionales podrían restringir su implementación.

Finalmente, entre las disposiciones generales encontramos la de no poder obligar a las partes a proporcionar o permitir el acceso a información cuya divulgación sería contraria a su ordenamiento jurídico o pudiera impedir la aplicación de la ley, o que de otra manera fuera contrario a su interés público, o que pudiera perjudicar los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas, públicas o privadas.

Asimismo, se dispone que las partes puedan establecer medidas apropiadas para respetar, preservar y promover sus conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales, sujeto a sus obligaciones internacionales.