Este último Congreso (o la segunda parte, para ser más precisos) nos dejó ingratamente sorprendidos por las innumerables vulneraciones a las usuales prácticas parlamentarias.

El día a día del ejercicio congresal estuvo caracterizado por la ausencia de estándares mínimos de impacto regulatorio; escaso y limitado debate en comisiones; innumerables proyectos que pasaron a solo una Comisión, que en muchísimos casos ni siquiera era la pertinente; dictámenes que no recogieron ni analizaron los comentarios y observaciones presentados por la ciudadanía; proyectos que pasaron al debate en el Pleno sin contar con dictámenes, entre otras barbaridades.

Como resultado, muchísimos proyectos fueron observados por el Poder Ejecutivo (pese a lo cual, casi todos fueron aprobados por insistencia) y un número inusual fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, mientras que algunos quedaron pendientes de resolver o presentar.

Por tanto, los nuevos miembros del próximo Congreso, que acaban de juramentar, deberán mostrar su alejamiento de las prácticas señaladas anteriormente y acreditar que su labor está a la altura de su alto cargo.

En teoría, las recientes modificaciones al Reglamento del Congreso (una de las pocas cosas rescatables del saliente) deberían obligar a que la formulación, sustento, análisis, debate y aprobación de los proyectos de ley presenten mayor calidad. No hacerlo implicará la vulneración del Reglamento, que tiene fuerza de ley, por lo que advertimos que el Poder Legislativo deberá dar el ejemplo de cumplir con el marco legal.

Y, lo que es más importante aún, alentamos a cada uno de los congresistas electos a que ejerzan su importante función pensando en el bienestar del país y la ciudadanía en su conjunto, y cumplan su servicio público con transparencia, compromiso y lealtad. En sus manos está que este Gobierno pueda salir de la pandemia como uno mejor, encaminado al desarrollo. De ustedes depende.