Desde ComexPerú, manifestamos nuestro enérgico rechazo a los actos de corrupción, y en particular, a la conducta ilegal llevada a cabo por la empresa brasileña Odebrecht en el Perú. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades peruanas para que el proceso de investigación se lleve con celeridad y se castigue con el máximo rigor a quienes hayan actuado fuera de la ley, sea quien sea. Se debe determinar claramente quiénes han estado involucrados en estos actos ilícitos que nos perjudican a todos: Estado, instituciones, ciudadanos y empresarios.

Esta es, además, una oportunidad para limpiar la cara de las autoridades y del sistema de justicia, para demostrar que en el Perú se puede confiar en el mismo, se castiga la corrupción y se respeta el debido proceso. Esperamos que el Gobierno sancione a los culpables con acciones concretas y de manera rápida, como ha manifestado el presidente Kuczynski. Por otro lado, este no debe ser tratado como un tema mediático, sino seriamente, desde la legalidad, e investigar y aplicar todo el peso de la ley sobre aquellos que han sido parte de estos actos con efectos terribles para nuestro país.

Dicho lo anterior, queremos alzar nuestra voz, ya que se debe separar la paja del trigo. El modelo de concesiones y APP ha traído enormes beneficios al Perú. La mala actuación de algunos empresarios no debe empañar el camino derecho que ha seguido la mayoría.

Los proyectos bajo el esquema de obras por impuestos, por ejemplo, dirigidos en su totalidad a infraestructura, han pasado de S/ 288 millones en 2011 a S/ 713 millones en 2016, y han traído más oportunidades para los ciudadanos, mejorado la relación empresa-ciudadanía y facilitado la ejecución de proyectos.

La brecha en infraestructura en el Perú es de US$ 159,549 millones, según un estudio de la Universidad del Pacífico elaborado por encargo de AFIN. Esto implica que hay un largo camino por recorrer en materia de inversiones en los sectores agua y saneamiento, telecomunicaciones, transporte, energía, hidráulico, educación y salud. Solo mediante un trabajo conjunto público-privado, a través de los diferentes esquemas de participación, lograremos cerrar esta brecha, lo que resulta tan necesario para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Estamos en un momento importante y se debe dar un mensaje claro: cero tolerancia frente a la corrupción. El país requiere de manera urgente avanzar en los temas de infraestructura para generar más oportunidades, y se deben utilizar los mecanismos existentes para velar por que estas inversiones sean limpias y se aleje a los malos empresarios que nos perjudican a todos.