Hace unos días, la superintendente nacional Marilú Llerena, junto con la alta dirección de la Sunat en pleno, convocó a los principales gremios empresariales del país para exponer el trabajo que venían desempeñando, poniendo énfasis en la implementación del programa de cumplimiento colaborativo, con la idea de generar un cambio importante —y necesario— en la relación entre la administración tributaria y el sector empresarial. 

Dicho enfoque busca dejar atrás el paradigma del control ex post para pasar a uno de acompañamiento preventivo, predictivo y de diálogo técnico. Esta iniciativa no es poca cosa en un país donde la litigiosidad tributaria y la desconfianza en la autoridad han sido obstáculos para la inversión y la formalización. 

La frase de Margaret Thatcher lo resume bien: “No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes”. Y si el Estado quiere contar con más recursos para cerrar brechas sociales y financiar servicios públicos de calidad, necesita que le vaya bien a quienes generan esos recursos: las empresas. El Estado es, en la práctica, un socio de cerca del 30% en cada empresa formal. Por ello, acompañar su crecimiento debería ser un objetivo común. 

La Sunat, como entidad recaudadora, debería actuar como un aliado del desarrollo empresarial, en vez de una amenaza permanente. En ese sentido, el nuevo enfoque de cumplimiento colaborativo puede marcar un punto de inflexión. Pero, para que no quede solo en un discurso de alta dirección, es crucial que esta visión permee a todos los niveles operativos de la institución, en especial a los auditores. La coherencia interna será clave para generar confianza. 

El desafío es grande. Persisten problemas técnicos que deben abordarse con urgencia: criterios de fehaciencia, plazos excesivos para la recuperación del crédito fiscal, rigidez en la deducción de gastos financieros, incertidumbre en el uso de instrumentos financieros derivados, o la aplicación del sexto método de precios de transferencia. También urge revisar la forma en que se vienen asignando perfiles de riesgo tributario a los contribuyentes, lo que en muchos casos generaría efectos reputacionales y comerciales sin sustento suficiente, así como evaluar darle mayor autonomía al Tribunal Fiscal para evitar que se convierta en juez y parte. 

Este nuevo enfoque debe ser solo el comienzo. La formalización, la expansión de la base tributaria y la reducción de la litigiosidad requieren un espacio público-privado más sólido, efectivo y técnico. Un entorno donde se puedan discutir reformas sin prejuicios ni estigmas, y en el cual se reconozca que no hay dicotomía entre el cumplimiento tributario y la promoción del crecimiento empresarial. 

Con ese fin, se necesita inyectar dinamismo y mucha ambición a la mesa técnica de gremios con la Sunat, así como aprovechar el espacio del shock desregulatorio del MEF para impulsar las necesarias modificaciones al marco legal tributario. 

Recaudar más no se logra con mayor presión, sino con mayor confianza, reglas claras y un sistema tributario que no penalice al formal. La Sunat debe ser aliada de las empresas y liderar esta transformación.