San Marcos es un distrito ubicado en la provincia de Huari, en el departamento de Áncash. Es el distrito más rico del Perú, ya que fue el que más dinero recibió por concepto de canon y regalías mineras en el 2021. Sin embargo, es uno de los distritos con peor ejecución a nivel nacional. El año pasado, solo gastó el 36% del total de los recursos recibidos por estos conceptos.

Las brechas sociales y económicas en San Marcos son muy grandes. Alrededor de 3,000 hogares no tiene acceso a la red de desagüe, el 99% de las pistas están sin pavimentar, se requiere construir 10 colegios para cerrar la brecha de infraestructura educativa, el 15% de niños padece desnutrición crónica y el 82% de la superficie agrícola no cuenta con sistema de riego (8,231 hectáreas).

Es claro que en San Marcos no existe un problema de recursos, sino uno de absoluta incapacidad que ha impedido que todo ese dinero recibido por la actividad minera durante años sea invertido eficazmente en obras y mejores servicios públicos para la población.

Solo en el 2021, se dejaron de invertir S/ 466 millones, con lo que se pudo haber construido 7 centros de salud o utilizar menos de la mitad de estos recursos no gastados (S/ 173 millones) en cerrar la brecha de acceso a agua, saneamiento y electricidad del distrito.

Para abril del 2022, se tenía 24 proyectos paralizados que suman una inversión de S/ 191 millones. En la gestión actual, entre el 2019 y el 2021, el distrito recibió S/ 248 millones para proyectos de transporte urbano, pero solo ejecutó el 20%, a pesar de que casi el 100% de las pistas de San Marcos están sin pavimentar.

Esta historia se repite en todo el Perú y, sobre todo, en las regiones mineras donde los distritos reciben mucho dinero por canon y regalías, pero la incapacidad de las autoridades, sumada a la corrupción, hace que estos no se traduzcan en una mejor calidad de vida para la población ni en mayores oportunidades para el desarrollo económico de la región.

Estas autoridades, además, azuzan a la población para bloquear la mina y protestar exigiendo más recursos, con lo que terminan jugando con las esperanzas de lo más pobres, que al final son abandonados una vez más por el Estado. Lo peor de todo es que luego postulan a otras alcaldías y siguen engañando a la población. Y no pasa nada.

Se requiere un cambio. Es necesario repensar el proceso de descentralización para que el uso de recursos sea más eficiente, castigar a los funcionarios corruptos inhabilitándolos para ejercer cargos públicos, establecer oficinas de gestión de proyectos que acompañen la gestión de las inversiones y reforzar mecanismos como obras por impuestos, capacitar y ofrecer asistencia técnica a funcionarios en regiones, así como sancionar a las autoridades que no cumplan con ejecutar el canon comunal en las zonas de influencia minera.

No permitamos que casos como el de San Marcos sean lo “normal” en nuestro país.