Otra vez Petroperú nos mete la mano en el bolsillo a todos los peruanos. Ha solicitado otro salvataje financiero bajo el argumento (nuevamente) de mitigar los efectos de un eventual desabastecimiento de combustibles. Además, señala que es por “factores extraordinarios que han afectado la puesta en servicio de la nueva Refinería de Talara y el inminente desarrollo del fenómeno de El Niño”. 

Lo cierto es que Petroperú ha demostrado ser absolutamente ineficiente. Solo sabe perder plata. Plata de todos los peruanos. Dinero que debería ser invertido en escuelas, postas, hospitales, carreteras, y no en seguir financiando una aventura empresarial estatal incapaz e irresponsable. Solo en el primer semestre del año tuvo pérdidas de más de US$ 380 millones.

Petroperú solicita esta vez la capitalización del apoyo financiero de US$ 750 millones que se le otorgó en 2022. En simple, no va a devolver el préstamo que se le otorgó. Además, pide continuar con la aplicación de la facilidad de documentos cancelatorios hasta por S/ 500 millones que se le había dado en 2022, ahora hasta 2025. También solicita una garantía de línea de crédito por US$ 1,000 millones. Y, como si no fuese suficiente, un aporte de capital de S/ 5,573 millones. Solo el aporte de capital solicitado, de S/ 5,573 millones, equivale a más de cinco veces Pensión 65 o casi tres veces el presupuesto de Qali Warma. ¿Hasta cuándo vamos a sacrificar las necesidades urgentes de la población para seguir cubriendo la incapacidad?

No podemos seguir dándole dinero a Petroperú con el argumento (o chantaje) del desabastecimiento de combustible en el país. No se puede mirar de costado y solo girar los cheques cuando están arrinconados. 

El Gobierno tiene la responsabilidad de exigir cambios en Petroperú y liderar un plan estratégico del sector. Se debe atraer inversión privada en el sector para la exploración y explotación de petróleo, mejorar el marco normativo para promover inversiones e involucrarse en hacer viable esa terrible inversión que se hizo en Talara. Para ello se necesita atraer empresas que hagan exploración, que busquen más recursos y así producir más petróleo.

Sin embargo, se está haciendo todo lo contrario. El Gobierno busca adjudicar de manera directa y sin un proceso de licitación a Petroperú los lotes petroleros I, VI y Z-69 en el norte de nuestro país. Es decir, se premia su ineficiencia dándole “a dedo” lotes petroleros para que los explote. Es decir, la salida fácil, que sigan “ordeñando (y matando) la vaca”. Ningún esfuerzo por explorar, porque claramente son incapaces y no tienen las espaldas financieras. Se viola la libre competencia, se ahuyenta la inversión privada y se atenta contra los acuerdos comerciales (TLC).

Todo esto es un claro intento de “nacionalización” del petróleo en el Perú. Siguen los pasos del fracaso de Bolivia y ya sabemos cómo terminó su aventura estatal con el gas. Con PetroPerú, el Gobierno sigue el libreto de Pedro Castillo.