Según los resultados más recientes del Infrascope 23/24, publicación elaborada por The Economist Intelligence Unit y el Banco Interamericano de Desarrollo, que evalúa la capacidad de los países en América Latina y el Caribe para promover la inversión privada en infraestructura a través de las asociaciones público-privadas (APP), el Perú se ubica en el quinto lugar (de 26 evaluados en América Latina), por detrás de Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, aunque todavía debe afrontar diversos desafíos para seguir fortaleciendo su desempeño. 

Según el citado estudio, el Perú cuenta con un marco regulatorio para la APP sólido y relativamente maduro. La base legal más reciente es el Decreto Legislativo 1362 de 2018, que moderniza una normativa vigente desde 2008. La agencia ProInversión —adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas— es la pieza clave: promociona la inversión privada y supervisa los proyectos APP en múltiples sectores. 

Pese a los episodios de inestabilidad política en los últimos años, la continuidad institucional de ProInversión ha garantizado que los procesos sigan avanzando. Incluso sin un respaldo político explícito de todas las fuerzas, el apoyo general ha bastado para mantener la agenda de las APP en marcha. 

En términos de resultados, el Perú destaca en la categoría de preparación y sostenibilidad de proyectos del índice Infrascope, donde lidera la región con 72 puntos (de 100 posibles). Según el informe, este desempeño se sustenta en una planificación de infraestructura de largo plazo, metodologías rigurosas para priorizar proyectos y evaluaciones tempranas muy desarrolladas que incorporan criterios de equidad social únicos en la región. 

La expansión reciente de APP abarca transporte, energía y renovables; además, la modalidad de obras por impuestos ha cobrado fuerza, lo que permite sumar inversión privada a la provisión de infraestructura y servicios públicos. En 2022, el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad reforzó esta visión al priorizar proyectos con enfoque de sostenibilidad social. 

No obstante, persisten algunos desafíos. El punto más débil es la gestión de riesgos y el monitoreo contractual, con vacíos en sensibilidad y manejo del riesgo de desastres. Asimismo, la evaluación de desempeño e impacto ex post obtiene apenas 37 puntos (de 100), lo que revela la necesidad de estandarizar la supervisión de proyectos operativos entre agencias sectoriales y publicar datos y reportes de desempeño de forma regular. El portafolio de APP sigue evolucionando en un contexto macroeconómico menos favorable, de modo que fortalecer estos mecanismos de control y transparencia será crucial para mantener la confianza y la solidez mostradas hasta ahora. 

Para cerrar las brechas que todavía limitan el desempeño de las APP en el Perú, el informe propone como máxima prioridad estandarizar la recolección y publicación de datos ex post sobre los proyectos. Hoy cada entidad sectorial monitorea por su cuenta, sin indicadores comunes ni reportes periódicos sobre calidad del servicio o desempeño financiero; institucionalizar ese sistema —una iniciativa de baja complejidad y plazo medio— multiplicaría la base de evidencia para decidir futuras inversiones, y mejoraría el sistema de APP cada vez más. 

La segunda gran recomendación es reforzar la gestión de riesgos de desastre: el marco actual no exige un análisis sistemático de riesgos ambientales ni orienta sobre cláusulas de force majeure[1]. Mejorar estos aspectos, también en un horizonte medio y con dificultad moderada, elevaría la resiliencia de los proyectos y llevaría la categoría de gestión de riesgos a niveles competitivos. 

Tres acciones adicionales complementarían la agenda de mejora. A corto plazo y con esfuerzo bajo, se sugiere incorporar obligaciones de transparencia y criterios de sostenibilidad climática en la preparación de proyectos, exigiendo la publicación de estudios de impacto y resultados de consultas comunitarias. 

Para apuntalar la bankability, es decir, la capacidad de un proyecto para obtener financiamiento privado en condiciones de mercado, se recomienda crear un fondo de cobertura de brechas de viabilidad (viability gap fund) que formalice el apoyo financiero hoy otorgado caso por caso, con resultados positivos esperados en el mediano plazo. 

Por último, de cara al largo plazo, el Perú debería perfeccionar sus mecanismos de resolución de controversias: aunque existe el arbitraje, no hay instancia de apelación ni plazos claros para los laudos. Establecer reglas más precisas consolidaría la seguridad jurídica y redondearía la mejora institucional en el sistema de APP. 

En suma, el Infrascope 23/24 muestra que el Perú tiene las bases normativas, la institucionalidad y la experiencia para consolidar sus APP, pero solo lo logrará si refuerza la transparencia ex post, la gestión de riesgos y la bankability. Institucionalizar la publicación de datos de desempeño, exigir análisis de desastres y crear un viability gap fund son ajustes estratégicos que elevarán la confianza de inversionistas y usuarios por igual. Convertir estas recomendaciones en reformas concretas permitirá cerrar brechas de infraestructura con mayor rapidez y asegurar que cada alianza público-privada genere valor duradero para la economía y la ciudadanía.

[1] Las cláusulas de force majeure (o de “fuerza mayor”/“caso fortuito”) son disposiciones contractuales que establecen qué ocurre si un evento extraordinario, imprevisible e inevitable impide total o parcialmente el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Su finalidad principal es eximir, o al menos atenuar, la responsabilidad de la parte afectada mientras dure la contingencia, y definir los pasos a seguir.