El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley de reforma constitucional para someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente, con el fin de elaborar una nueva Constitución.

Este es un nuevo engaño al pueblo. Durante meses se ha jugado con las esperanzas de los más pobres y no se dan soluciones a los problemas que los aquejan. Se busca distraer la atención de los ciudadanos de la flagrante incapacidad del Gobierno y de los escándalos de corrupción.

Los peruanos quieren trabajo. Es el sector privado a través de la inversión, desde la gran empresa hasta emprendimientos como una bodega o un puesto en una galería comercial, las que generan empleo. Para ello, se requieren estabilidad, confianza y reglas claras. Hoy, por la crisis política, los conflictos sociales y la incapacidad del Estado, las proyecciones de inversión privada son negativas. Un cambio de Constitución solo acentuará la incertidumbre y la parálisis económica, y con ello habrá menos oportunidades de empleo y más pobreza.

Dicen que con una nueva Constitución los peruanos tendremos mejores servicios como educación y salud. Otra vez es mentira. La Constitución, en su Capítulo II, ya garantiza los derechos sociales como la salud y la educación. El problema no es la ley, el reto es hacer que se cumpla.

Los servicios públicos son de pésima calidad, porque el Estado es incapaz de invertir los recursos de manera eficiente y por la gran corrupción que existe en las obras públicas. Según el informe de Eficacia del Gasto de ComexPerú, en el primer trimestre del año, la ejecución de la inversión pública por parte del Gobierno nacional cayó un 22.5%. El nivel de inversión pública ejecutada fue el menor de los últimos años. Es decir, este Gobierno es incluso más ineficiente que otros y los recursos públicos no se traducen en obras como colegios, hospitales o postas. ¿Eso cambiará con una nueva Constitución? Claramente, no.

Quieren una nueva Constitución para fortalecer el rol del Estado. Las empresas estatales han mostrado históricamente ser un fracaso. Lo cierto es que eso solo generará pérdidas que pagaremos todos, ineficiencia, corrupción y copamiento de cargos. Basta ver el caso de PetroPerú o la refinería de Talara. Esta última tuvo una inversión de más US$ 6,000 millones, dinero con el que se pudo haber construido cerca de 83 hospitales para atender a la población en todo el país.

Es claro que se necesita un cambio urgente. Se deben hacer las cosas de una manera distinta y poner el Estado al servicio del pueblo, para proveer mejores servicios públicos, impulsar la inversión privada y la generación de empleo, y luchar contra la corrupción. Para eso no se necesita cambiar la Constitución. Necesitamos autoridades y funcionarios públicos con capacidades, honestos y que trabajen por el país. Hoy no los tenemos.