La estabilidad normativa, la institucionalidad y la confianza en las reglas del juego son esenciales para atraer inversión y sostener el crecimiento. Sin embargo, el Congreso viene promoviendo leyes que erosionan el clima de negocios, generan incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo económico y, en algunos casos, se sienten más como mecanismos de extorsión al sector formal que como herramientas de política pública. 

Un ejemplo es la ley que obliga a las aerolíneas a ofrecer gratuitamente la selección de asientos y equipaje en cabina, medida que distorsiona un modelo tarifario competitivo y afecta negativamente la conectividad. Peor aún, se ha aprobado una norma que permitiría la intervención política en los directorios de las cajas municipales, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de entidades clave para la inclusión financiera. Además de la nociva norma que plantea dar bonos a los funcionarios de Sunafil que ponen multas. 

A lo anterior se suma el proyecto que plantea la reestatización de una empresa de telecomunicaciones, desconociendo el salto cualitativo que significó la liberalización del sector: tarifas accesibles, mayor cobertura y competencia en beneficio del usuario. Esta visión retrograda desestima décadas de avances en servicios básicos. 

En contraste, el Congreso sigue sin aprobar iniciativas urgentes, como la eliminación de los topes a las tasas de interés. Diversos estudios han evidenciado que estos límites han encarecido el crédito, fomentado la informalidad y facilitado la proliferación de esquemas como el “gota a gota”. 

Ante este contexto, el rol de la Oficina de Calidad Legislativa del Congreso es más crucial que nunca. Bien usada, es posible evaluar el impacto regulatorio de las propuestas normativas y elevar la calidad del debate parlamentario. Con la próxima bicameralidad, debe fortalecerse su autonomía y capacidad de incidencia, convirtiéndose en una voz vinculante para garantizar decisiones basadas en evidencia. 

El sector privado formal —gran generador de empleo y principal fuente de financiamiento del gasto público— no puede seguir siendo visto como un adversario. Proteger el entorno de negocios no es una defensa corporativa: es una condición indispensable para reducir la pobreza, cerrar brechas y asegurar un desarrollo sostenible. 

El Fondo Monetario Internacional ya advirtió que la persistente aprobación de leyes en el Congreso peruano con costo fiscal adicional —particularmente aquellas sin un respaldo claro de financiamiento— puede minar la credibilidad del ajuste fiscal y complicar el cumplimiento de la meta de déficit para 2025. Además, señala que se incrementarían los riesgos de que la deuda pública exceda el techo previsto —30% del PBI proyectado para 2035— lo que tensionaría la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. 

En lugar de seguir impulsando normas populistas y de corto plazo, el Congreso debería enfocarse en consolidar una agenda legislativa responsable, que respalde la estabilidad macroeconómica, promueva la competitividad y fortalezca la institucionalidad. El Perú necesita señales claras para recuperar la confianza de los inversionistas, dinamizar la economía y generar empleo formal. Legislar con criterio técnico no es una opción: es una obligación frente al país. 

* Publicado en Diario Gestión el viernes 20 de junio de 2025