El informe “Las micro y pequeñas empresas en el Perú – Resultados 2024”, lanzado hace unos pocos días por ComexPerú, revela un panorama preocupante. Las mypes —que representan el 99.7% del tejido empresarial— sumaron S/ 154,380 millones en ventas, lo cual equivale al 14.2% del PBI; pero muestran una caída con respecto al año anterior y una pérdida de 1.4 puntos porcentuales de su participación en el PBI. A pesar de haber superado el nivel de ventas de 2019, persiste el estancamiento como resultado de la baja productividad, informalidad y la inseguridad ciudadana. Esta situación mina sus posibilidades de crecimiento. 

El vínculo entre violencia y economía es tangible: según la Asociación de Bodegueros del Perú, al menos 1,000 bodegas cerraron en lo que va de 2025, afectadas por la extorsión sistemática que obliga al pago de “cupos” y amenaza la supervivencia de negocios formales. La cifra se agrava: solo en Lima, más de 2,000 establecimientos han cesado actividades por este flagelo, con pérdidas diarias que superan los S/ 500,000. Una situación similar la podemos encontrar en el caso de panaderías, ferreterías, centros de belleza, restaurantes y tiendas, por ejemplo, en Gamarra y Mesa Redonda. 

Este clima de miedo y coerción no solo reduce el número de negocios y plazas de trabajo: elimina el incentivo a invertir en formalización, tecnología y expansión. Si ya el 86% de las mypes operan en la informalidad, ¿qué motivación les queda para formalizarse si siguen vulnerables a la inseguridad? 

El rol del Estado debe ser claro y urgente: la seguridad ciudadana no es una variable periférica para el sector privado, es una condición necesaria para que las empresas existan, crezcan y generen riqueza. 

Frente a este escenario, es indispensable un enfoque integral:

1. Reforzar el combate a la extorsión con unidades especializadas, justicia rápida y protección efectiva a emprendedores vulnerables.

2. Diseñar políticas activas de formalización, que incluyan incentivos, capacitación y servicios de apoyo, condicionados a operar en ambientes seguros.

3. Fortalecer alianzas público‐privadas que permitan monitoreo local, denuncia segura y redes comunitarias de seguridad, implicando a municipalidades, gremios y sociedad civil.

4. Transparencia y rendición de cuentas, con indicadores claros sobre cierres por violencia, seguimiento de denuncias y resultados institucionales. 

El costo de la inacción es elevado: menos empresas, menos empleo, menor recaudación tributaria y más pobreza. La informalidad y el cierre masivo de locales son síntomas claros de que no se puede separar la agenda productiva de la agenda de seguridad. 

Es hora de actuar. El Estado debe asumir su responsabilidad: proteger a los pequeños empresarios es proteger la base económica del país. Sin seguridad, todas las palabras sobre formalización, innovación o diversificación se quedan en promesas sin impacto. Si queremos que el Perú avance, el mensaje es claro: sin seguridad, no hay empresa; sin empresa, no hay desarrollo.