En contraste con los demás sectores, la producción agropecuaria es cíclica, en línea con la temporalidad de los cultivos. Por esto, requiere una regulación acorde a sus necesidades. Sin embargo, los desaciertos en los últimos años evidencian lo complicado que esto resulta. A esto se suman los problemas transversales del sector y las consecuencias se evidencian en la evolución de las contrataciones formales. 

Cada año, el empleo formal agropecuario alcanza su punto más bajo en abril y vuelve a crecer hasta noviembre, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Esta dinámica responde al calendario agrícola: abril marca el fin de las cosechas principales y, desde agosto, se reactivan las labores de siembra y recolección, sobre todo en cultivos de agroexportación. Sin embargo, tras la pandemia y las modificaciones en el régimen laboral agrario, la variación se acentuó. 

Entre abril y noviembre de 2024 se incorporaron 261,646 trabajadores al sector formal agropecuario, el doble que en el mismo periodo de 2019. Esto refleja una nueva dinámica: el crecimiento del sector se sostiene cada vez más en contrataciones por campaña, en vez de una expansión sostenida de la formalización agrícola. La misma tendencia se observa en los meses de baja actividad como abril, mes en el que se sumaron casi 45,000 empleos formales entre 2016 y 2019, pero se perdieron 10,709 puestos entre 2021 y 2024.  

La estabilidad del empleo formal agropecuario ha disminuido con el incremento en los costos laborales, debido a la modificación del régimen de promoción agraria. Peor aún, la actual regulación imposibilita el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mypes) del sector. Entre 2016 y 2024, el empleo formal agropecuario en empresas con hasta 100 trabajadores disminuyó de 48,786 a 43,349 trabajadores, situación que se aceleró en los últimos dos años. Consecuentemente, la formalización del sector ahora se concentra aún más en las grandes empresas, que también han sido perjudicadas en su capacidad de crear empleos permanentes. 

También, aumentó la exclusión en el sector agropecuario. Este registró un incremento en su tasa de informalidad del 94.2% al 94.3% entre 2022 y 2024, según estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo (EPEN). La variación puede parecer menor, pero en simultáneo ocurrió una reducción de 350,364 trabajadores informales en el sector. Varios no pudieron formalizarse, lo cual generó que parte de ellos ingresen a la inactividad o el desempleo, donde carecen de ingresos, mientras que los demás que continuaron operando en la informalidad recibieron S/ 739, en promedio. 

¿Qué nuevos cambios legislativos se avecinan?

El pasado 5 de junio, el Congreso aprobó en primera votación el dictamen que promueve la transformación productiva y sostenible del agro, también denominada Nueva Ley Agraria. Actualmente, se encuentra pendiente de segunda votación, uno de los últimos pasos para ser promulgada. La iniciativa establece beneficios tributarios para las empresas del sector, según el tamaño de estas unidades: 

• Ingresos iguales o menores a 30 UIT: exoneración del impuesto a la renta.

• Ingresos entre 30 y 140 UIT: impuesto a la renta del 1.5%.

• Ingresos superiores a 140 UIT: impuesto a la renta del 15% hasta 2035, para luego aplicar la tasa del régimen general (29.5%).  

La norma también considera beneficios adicionales como créditos por reinversión, depreciación acelerada y recuperación anticipada del impuesto general a las ventas, pero estos ya estarían vigentes y no fueron modificados por la Ley 31110, Ley del Régimen Agrario, promulgada en 2021. Además, mantiene los beneficios laborales introducidos en dicha ley, lo que había determinado mayores contribuciones por concepto de salud, vacaciones y la bonificación especial por trabajo agrario (BETA). 

Entre los aspectos positivos de la iniciativa, destaca la extensión de beneficios para unidades productivas de menor tamaño del sector agropecuario. Dicha medida contribuiría al desarrollo de las mypes formales[1], cuya presencia viene en aumento desde 2017, cuando se introdujo el RMT. Al primer trimestre de 2025, estas sumaron 32,677 empresas y explicaron la mayoría de las unidades agropecuarias formales, según cifras de la Sunat. La situación descrita sugiere un impacto significativo de los incentivos tributarios para formalizar el sector.  

También corregiría la falta de incentivos en el sector, porque la preferencia por el Régimen agrario disminuyó tras la entrada en vigor de la Ley 31110, que introdujo mayores costos para la formalización Desde 2020 al primer trimestre de 2025 hubo una reducción de 207 unidades productivas que pertenecían a dicho régimen. Respecto de la situación previa las modificatorias, ahora existe una mayor preferencia por el Régimen general, que no reconoce las características atípicas del sector en relación con otras actividades. 

La iniciativa no es perfecta, porque necesita ser acompañada por estímulos adicionales para el desarrollo productivo. Por ejemplo, la conclusión de los proyectos de irrigación en cartera debe ser una prioridad, al igual que la difusión en innovación genética que representan las semillas certificadas, las cuales significarían mayores rendimientos para los productores agrarios. Sin embargo, replica la intención de los incentivos originales que permitieron el desarrollo del sector agroexportador desde el año 2000.

[1] Se consideran las empresas inscritas en el Régimen Único Simplificado (RUS), el Régimen Mype Tributario (RMT) o el Régimen Especial de Renta (RER), los cuales establecen límites en los ingresos para únicamente incluir unidades de menor tamaño.