Este segundo tiempo empieza con un mensaje realista del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República, donde se reconocen errores como la desaceleración del crecimiento económico, el aumento de la pobreza después de más de una década, el deterioro de las cuentas fiscales hasta llegar a sus peores niveles en los últimos 15 años, la corrupción que ha calado profundamente en nuestra sociedad y la cruda evidencia de la debilidad institucional y la maraña burocrática que ha entrampado la ejecución de proyectos de inversión y las obras asociadas a la reconstrucción del norte del país.

Algunos dicen que hemos tocado fondo, y es así. El aumento de la pobreza es inaceptable y se produce como consecuencia de la falta de claridad en las políticas desde hace ya algunos años, el enredo en el que estamos, con un Estado frágil y burocrático, que solo ha paralizado la inversión, tanto pública como privada, verdadero motor del crecimiento, la generación de empleo y la formalidad.

Este mensaje viene de la mano con una mirada pragmática y una agenda que, si es ejecutada, servirá de mucho para enrumbar el camino y seguir atendiendo el principal objetivo: generar oportunidades y empleo para nuestra población. El Perú apostó hace más de dos décadas por una economía social de mercado, integrada al mundo, con un rol subsidiario del Estado, con respeto a la libertad de empresa, seguridad jurídica y libre competencia. Esos principios llevaron a un dinamismo económico que permitió un impulso de la inversión, un boom exportador, una revolución social del agro y, sobre todo, una importante reducción de la pobreza. Ese es el camino, pero desde hace algunos años solo venimos traicionando esos principios, al poner piedras en la ruta, y los resultados los recogemos ahora.

Por tanto, un paso importante es que el Congreso de la República se ponga al nivel de lo que el país requiere, deje de lado el oportunismo político y trabaje de la mano con el Ejecutivo para generar leyes que sumen a estos principios. No se pueden destinar esfuerzos y recursos a proyectos de ley como los que proponen un control de precios a los medicamentos, la eliminación del principio de rol subsidiario del Estado (cuando está probado que este es pésimo empresario), el control de fusiones o la regulación de los precios o la forma de comercialización de productos que ofrece la empresa privada. ¡Basta ya! ¿Qué se ha hecho por legislar para el destrabe de inversiones, la reforma laboral, la seguridad ciudadana o la tan urgente reforma electoral? Nada.

Ahora, el Ejecutivo ha presentado una solicitud de facultades legislativas en materia tributaria y financiera, gestión económica y competitividad, reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, integridad y lucha contra la corrupción, prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, y modernización de la gestión del Estado. Esta solicitud atiende áreas como la gestión económica y la competitividad, e incluye de manera acertada la ampliación de la vigencia de la Ley N.º 27360, Ley de Promoción Agraria, para extender sus beneficios a los sectores acuícola y forestal; o la optimización del transporte a través del cabotaje y la agilización y seguridad de la cadena logística de comercio exterior.

Se debe actuar rápido, trabajar de manera participativa estos decretos legislativos y apostar juntos, Ejecutivo y Legislativo, por retomar la senda del crecimiento económico, respetando los principios que hacen del nuestro un país serio, estable y, sobre todo, con oportunidades.