El bono demográfico ocurre cuando la población en edad de trabajar de un país supera ampliamente a su población dependiente, es decir, a los niños y adultos mayores. Esta situación favorece el crecimiento económico, ya que existe una mayor cantidad de personas económicamente activas. En el Perú, esto ha contribuido alrededor de 0.3 puntos porcentuales al crecimiento anual del PBI per cápita en las últimas décadas, aunque podría haber sido más, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Ahora, solo nos quedarían dos décadas de bonanza adicionales, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

El bono demográfico se calcula dividiendo la cantidad de población dependiente sobre la cantidad de población económicamente activa en un país. Cuando existen menos de dos dependientes por cada tres personas en edad activa (es decir, un ratio igual o menor a 66.7), se considera que existe bono demográfico. En el Perú, según el INEI, este se inició alrededor de 2005, alcanzó su punto álgido en 2020 y acabaría aproximadamente en 2045. Esto se debe a la reducción en las tasas de natalidad, junto con el aumento en la esperanza de vida. 

Lamentablemente, el Perú no habría aprovechado por completo su bono. La principal razón sería la elevada informalidad laboral, que limitó la productividad laboral a través de su afectación a la tenencia de empleos de calidad y el desarrollo de capital humano. En esa misma línea están los bajos niveles de capacitación. Por ejemplo, en 2020, apenas un 25% de la población peruana de 30 años había accedido a educación universitaria y menos de la mitad, a educación superior de algún tipo, según el BCRP. 

Con el comienzo del cierre del bono, las proyecciones del INEI señalan que la población de 60 años a más se duplicará entre 2025 y 2050, al pasar de 5 a 9.5 millones de personas. En contraste, la población activa solo pasará de 21 a 23 millones durante el mismo periodo. Debido a esto, en 2050, uno de cada cuatro peruanos sería un adulto mayor. Desde 2040, habrá más adultos mayores que menores de 15 años en el país. 

Entre los principales retos del envejecimiento poblacional destaca la mayor presión fiscal. Mientras que actualmente hay cuatro personas económicamente activas por cada adulto mayor, en 2050 solo habrá dos. Esto quiere decir menores recursos públicos para financiar cuidados permanentes y pensiones de jubilación, al mismo tiempo que aumentará su demanda. Recordemos que, a 2024, el 90% de los aportantes ya había retirado prácticamente todos sus fondos de jubilación del sistema privado de pensiones, según el BCRP. 

Cómo afrontar lo que viene

En primer lugar, es imperativo invertir en educación y capacitación para aumentar la productividad laboral. Corea del Sur es un ejemplo emblemático: inició su transición demográfica a la par de América Latina y el Caribe, pero logró multiplicar su ingreso per cápita a un nivel casi 4 veces mayor que la región para 2023 (US$ 34,121 vs. US$ 9,100), acelerando su bono y acortándolo, pero haciéndolo mucho más significativo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esto, gracias a políticas orientadas a mejorar la educación y promover la investigación y desarrollo. 

Asimismo, se deben impulsar políticas de empleo y formalización que integren a más peruanos en empleos de calidad, para incrementar la productividad total de la economía y los ingresos fiscales. Las experiencias exitosas de Corea del Sur, Uruguay y Chile sugieren implementar incentivos a la formalización (simplificación tributaria para mipymes, regímenes laborales especiales para jóvenes, etc.), fortalecer la inspección laboral y vincular la incorporación de trabajadores a la seguridad social con beneficios tangibles.

Paralelamente, fomentar la inclusión financiera y el ahorro interno mediante mayor acceso al crédito ayudaría a canalizar recursos hacia inversiones que impulsen el desarrollo y fortalezcan la capacidad del país para atender a su futura población retirada. Otro ámbito crucial es el sistema de pensiones. Al respecto, es necesario que se continúen reformas en línea con la Ley de Modernización de 2024 (ver Semanario 1249) hacia la cobertura universal y terminar, entre otras cosas, con los retiros anticipados sin justificación. 

Finalmente, se deben fortalecer los sistemas de salud, cuidado y protección social para la población adulta mayor. Asimismo, es necesario desarrollar infraestructuras y programas que atiendan sus necesidades para anticipar la mayor demanda. Países como Corea del Sur, Japón y Uruguay aplican programas que coordinan múltiples actores (ministerios, Gobiernos locales y sociedad civil) en la provisión de cuidados, lo que profesionaliza al personal y alivia la carga de las familias.