“Los años en el Congreso me han enseñado a ser paciente y prudente”, dijo José Jerí, presidente de la República del Perú, en una de sus primeras reuniones en el cargo. Prudente sí, pero, en vez de paciente, lo que debiera caracterizar a este Gobierno de transición es el pragmatismo. 

Con apenas seis meses por delante, lo que corresponde ahora no son la improvisación ni las disputas ideológicas, sino la responsabilidad. La historia ya ha sido severa con gestiones que, en sus últimos meses, decidieron mirar al costado. El Gobierno de transición tiene el deber —y la oportunidad— de cerrar este periodo con algo de dignidad y eficiencia. 

La experiencia nos dice que los Gobiernos de transición pueden ser más audaces. Pero seamos realistas y pragmáticos, esta gestión debe centrarse en dejar una hoja de ruta útil, ordenada y coherente, con dos prioridades por delante: seguridad interna y estabilidad económica. Si el Perú no logra sostener un entorno mínimamente predecible en estos frentes, cualquier expectativa de recuperación en 2026 se volverá más cuesta arriba. 

En materia de seguridad, la situación es crítica. La violencia generalizada no admite paños tibios. Este Gobierno debe activar una estrategia nacional que combata principalmente el crimen organizado y la minería ilegal, así como evitar que se desborde la inseguridad ciudadana. Sin orden no hay crecimiento. Esperamos anuncios claros y medidas puntuales en los próximos días que den tranquilidad a la ciudadanía. 

En cuanto al manejo económico, debe ponerse el acelerador en la política de destrabe de inversiones y de simplificación y desregulación administrativa; además de poner énfasis en nuestras principales actividades económicas y generadoras de empleo: minería, agricultura, turismo, pesca, infraestructura y construcción. Asimismo, es necesario ejercer una férrea defensa de la disciplina fiscal, cambiar el giro en cuanto a la gestión de Petroperú e impedir la implementación de medidas populistas y sin sustento que vengan del Congreso. 

No hay margen para populismos tardíos ni medidas que comprometan el déficit fiscal o la confianza empresarial. Se debe mantener la posición firme de no extender el Reinfo y promover activamente la promulgación de una ley de minería pequeña y artesanal que no se convierta en un mecanismo encubierto de la minería ilegal. 

Bajo una óptica de transición, no se le puede dejar contingencias al próximo Gobierno. Esta etapa no puede prestarse a campañas encubiertas ni repartijas. El gabinete y los altos funcionarios públicos deben entender que su rol es institucional, no político. Su misión no es congraciarse con el Congreso ni con algún electorado puntual, sino garantizar el funcionamiento del Estado, proteger los equilibrios macroeconómicos y sostener lo avanzado en términos de apertura comercial, atracción de inversiones y gobernanza regulatoria. 

Desde el sector empresarial, pedimos claridad, responsabilidad y serenidad. Esta breve gestión no será recordada por lo que pudo haber hecho, sino por cómo maneje estos últimos meses. Aún puede, al menos, no estorbar la recuperación del país. 

*Columna de opinión publicada el viernes 17 de octubre de 2025 en el Diario Gestión