Uno de los pilares para asegurar el bienestar y desarrollo de una economía es la salud, dado que permite mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el capital humano, y con ello la productividad laboral y los niveles de competitividad de una nación. En nuestro país, a la fecha, el sector salud arrastra aún grandes limitaciones y desafíos. Si bien se ha logrado ampliar la cobertura en los últimos años (77.3% de la población accede a algún seguro de salud, ya sea público o privado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI), esta expansión intensifica uno de los problemas claves que es la carencia de infraestructura de salud, cuya brecha, a largo plazo, asciende a US$ 18,944 millones (12% de la brecha total), según el Plan Nacional de Infraestructura, publicado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Un ejemplo de ello es el número de camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes, que de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), hacia 2015, ascendía a 1.59 en nuestro país; por debajo del 1.82 que se registra en promedio en América Latina, y de casos concretos como el de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, que tienen tasas de 4,9, 2.8, 2,3 y 2,2, respectivamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Por otro lado, la brecha de infraestructura se agrava por la escasez de recursos humanos, dado que, en promedio, existen en el país 1.15 médicos y 2.74 profesionales de salud (médicos, enfermeros y obstetras) por cada 1,000 habitantes; indicadores que, si bien se encuentran ligeramente por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud, aún se concentran en regiones como Lima, Callao y Arequipa.

Por su parte, el Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial, muestra que el desempeño de la calidad de este servicio y su impacto en los negocios han empeorado año a año. De acuerdo con el último reporte 2016-2017, el Perú se ubicó en la posición 79 (de 138 países) en la categoría salud, por detrás de los otros países pertenecientes a la Alianza del Pacífico, como Chile (29), México (51) y Colombia (75). Más aún, nuestro país habría retrocedido en los dos últimos reportes, al caer desde los puestos 73 y 74.

Lo que el médico recetó

Ante este escenario, resulta de vital importancia que los recursos del Estado puedan ser mejor utilizados y se orienten a la inversión en infraestructura y mejora de los procesos técnicos, a fin de asegurar servicios de salud oportunos y de calidad. En ese sentido, las asociaciones público-privadas (APP) en salud constituyen una alternativa para las inversiones, probada en otros países por su efectividad, que permite acortar las brechas en la atención de los servicios de salud (ver Semanario N.° 822).

De acuerdo con el informe “Diez años de Asociaciones Público-Privadas en salud en América Latina. ¿Qué hemos aprendido?”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el sector existen 13 proyectos de APP operativos y otros 47 en diversas fases de desarrollo, donde destacan Brasil, México, Chile y Perú, por ser los primeros países en implementar esta modalidad en la región. Además, menciona que el modelo de APP predominante en estos países es el de bata gris (sin servicios clínicos), que representa el 70% de los proyectos, seguido de proyectos especializados (17%) y de bata blanca, es decir, los que incluyen servicios clínicos (13%).

Según el informe, las experiencias de APP en Latinoamérica han dado buenos resultados, sobre todo en materia de eficiencia y calidad. Por ejemplo, el proyecto Red Almacenes y Farmacias de Lima del Seguro Social de Salud (EsSalud), adjudicado en 2010, habría logrado una mejora del 10% de los niveles de servicio (abastecimiento) y reducción de un 15%-20% en los niveles de inventario, lo que habría reducido el capital inmovilizado, así como los riesgos de merma y obsolescencia de los productos. De esta manera, el informe detalla que, en términos de recursos, es posible una optimización de entre US$ 40 millones y US$ 50 millones por año.

En general, las lecciones aprendidas de la experiencia regional, según este informe, se resumen en lo siguiente: i) las APP permiten ejecutar amplios planes de inversión en menor tiempo; ii) tienen mayor rendición de cuentas que el modelo tradicional; iii) obligan al sector salud a modernizar su enfoque y capacidad de gestión; iv) fomentan la innovación en un conjunto de ámbitos, como el tecnológico, de gestión de contratos o de gestión de calidad; y v) permiten “blindar” la cartera de inversiones, al no estar estos contratos subordinados a la evolución de las finanzas públicas o cambios de autoridades.

Como hemos visto, las APP pueden ser un potente instrumento complementario que ayude a cerrar, en una menor cantidad de tiempo, la aún existente brecha de infraestructura, equipos y servicios de salud. De acuerdo con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), para 2017-2018, se tiene una cartera de tres proyectos por convocar en este sector, por un monto de inversión cercano a US$ 424 millones. Sin embargo, esta representa menos del 4% de la cartera total, por lo que es esencial seguir promoviendo las APP en el sector salud a fin de subsanar el déficit actual de cobertura y calidad.