El café es el principal producto agrícola tradicional en las exportaciones peruanas, pero enfrenta severos desafíos. En 2011 alcanzó máximos históricos que, tras varios años de estancamiento, se recuperarían este año. Sin embargo, más allá de progreso verdadero, lo que prima es una elevada volatilidad de los precios internacionales y la falta de atención del Estado hacia el sector. 

El sector cafetero peruano ha sido muy susceptible a la volatilidad en la cotización internacional, la cual, a su vez, responde inversamente a la disponibilidad mundial del recurso. Los precios internacionales alcanzaron niveles elevados en 2011, con un promedio de US$ 6,046 por tonelada, y se redujo rápidamente a US$ 3,108 en 2013, una caída del 83%, según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Dicha contracción se debió a la sobreproducción mundial. En 2017 se experimentó otra caída, más leve, también asociada a sobreproducción. Desde comienzos de la presente década, la cotización se ha recuperado a niveles similares a los de 2011, debido a la menor producción global por anomalías climáticas, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).  

A comienzo de la década pasada, la producción nacional disminuyó junto con la cotización internacional, al pasar de 331,000 toneladas a 222,000 toneladas entre 2011 y 2014, según cifras del Midagri. Tras mejoras en años posteriores, hasta alcanzar 370,000 toneladas en 2018, la producción se estancó. Al respecto, la Junta Nacional del Café (JNC) advirtió que las causas de esta disminución fueron la inacción del Gobierno en la asistencia a los productores para enfrentar retos como el cambio climático y plagas como la roya, así como el abandono y la falta de renovación de plantaciones. 

El estancamiento de la producción nacional se refleja en los envíos al exterior. El valor de exportaciones de café peruano alcanzó su máximo histórico en 2011, cuando registraron US$ 1,597 millones, después de lo cual la caída en la producción y los precios causaron que retroceda en más de la mitad en 2013, según cifras de la Sunat. Sin embargo, inclusive con nuevos máximos en cotizaciones internacionales, las exportaciones no lograron recuperarse. Durante 2022, con una cotización promedio de US$ 6,159 por tonelada, nivel ligeramente superior al de 2011, las exportaciones apenas sumaron US$ 1,236 millones, un 22% menos. En 2024, el valor del café peruano exportado registró US$ 1,102 millones, un 30.9% por detrás de los resultados de 2011.  

En la primera mitad de 2025, los resultados son positivos, con US$ 303 millones exportados (+15.8% respecto al mismo periodo de 2024). Sin embargo, esto se debe a una cotización de US$ 8,515 durante enero-junio, un 71.5% más que lo registrado en el mismo periodo de 2024, según el BCRP.  

¿Qué podemos hacer para mejorar el sector?

Si bien existe un Plan Nacional del Café, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este no registra progreso hasta la fecha, según la JNC. El plan fue aprobado por el Midagri en 2019; sin embargo, en agosto del presente año, la JNC señaló que nunca fue implementado. 

En 2017, en el marco de la redacción del Plan, el PNUD advirtió que el sector enfrentaba varios desafíos clave, entre ellos bajos niveles de productividad, debido a un manejo técnico inadecuado, falta de sostenibilidad ambiental y una infraestructura de poscosecha insuficiente. Además, las anomalías climáticas, las plagas y la deforestación agravaban la situación, mientras que las condiciones económicas y sociales limitaban la eficiencia de la cadena de valor. 

Para superar estos retos, tal y como se expuso en el Plan, es esencial implementar políticas que fomenten la sostenibilidad, como la renovación de cafetales y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. También es clave fortalecer la infraestructura de poscosecha, mejorar la capacitación sobre gestión de calidad y promover productos financieros adaptados a las necesidades de los caficultores. Además, se deben desarrollar estrategias de promoción comercial articuladas entre el sector público y privado, mejorar el acceso al financiamiento y los servicios agrarios, y asegurar mejores condiciones de vida en las zonas productoras.