La reciente demanda del Gobierno Regional del Cusco para que se le transfiera la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) abre un debate necesario, aunque no exento de matices. En principio, la solicitud parece razonable: cuando se creó el Ministerio de Cultura, se establecieron las pautas para que las Direcciones Regionales de Cultura fueran incorporadas a los Gobiernos regionales, como ocurrió en gran parte del país. En ese sentido, lo que se plantea es la aplicación de una norma ya prevista y que responde a la lógica de la descentralización. 

Sin embargo, es indispensable marcar una línea clara en este proceso. La transferencia de la DDC al Gobierno regional no puede interpretarse como la cesión de la gestión de Machu Picchu. La ciudadela inca, además de ser el principal atractivo turístico del Perú, constituye un bien con una condición excepcional: es Patrimonio Mundial de la Humanidad y, por tanto, su administración involucra compromisos internacionales que trascienden a una sola región. 

La experiencia comparada muestra que sitios de esta magnitud requieren entidades centralizadas, técnicas y con autonomía suficiente para garantizar la conservación y el uso sostenible del patrimonio. En nuestro caso, la entidad más adecuada para esa tarea debería ser una unidad autónoma, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que cuente con los recursos y la capacidad de articulación intersectorial necesarios para resguardar tanto el valor cultural como el potencial turístico de Machu Picchu. 

Sin duda, esta entidad deberá coordinar con distintas entidades públicas con competencias sobre el santuario, como el Gobierno regional, municipalidades, los ministerios de Cultura y Ambiente, entre otras, así como con el sector privado. 

Descentralizar es fortalecer la gestión local y acercar el Estado a la ciudadanía. Pero no debe confundirse con fragmentar la administración de bienes que son de interés nacional y mundial. El Cusco merece asumir un rol protagónico en la gestión cultural regional, pero Machu Picchu, por su condición especial, debe permanecer bajo un modelo de gestión centralizado y especializado que garantice su preservación para las futuras generaciones.