El presidente Castillo tomó juramento a su tercer gabinete en seis meses de gobierno. El país está a la deriva, sumido en una profunda inestabilidad, incertidumbre y desconfianza. Abundan los escándalos de corrupción, incapacidad y violencia. Tenemos un Gobierno que ha jugado con las esperanzas del pueblo, que lo ha engañado y no atiende sus principales problemas: trabajo, servicios públicos de calidad y seguridad.

Desde el inicio de su mandato se nombraron ministros y funcionarios que no solo no cuentan con la experiencia y las capacidades para ejercer los cargos, sino que cargan con serios cuestionamientos vinculados con temas como corrupción, violencia familiar y violación de derechos humanos.

Ataque a la institucionalidad. La designación de funcionarios sin experiencia y el proceso de destrucción de la tecnocracia viene socavando la institucionalidad del aparato público. Esta incapacidad tiene un alto costo que pagamos todos los peruanos. El Estado no funciona, está paralizado, es ineficiente y no resuelve los problemas del ciudadano. Basta con ver la pobre ejecución de la inversión pública. La posta, el colegio, el hospital, los caminos, el agua y la electricidad nunca llegaron. Son los más pobres los que pagan el precio más alto por la incapacidad de nuestras autoridades.

Escándalos de corrupción. Existe falta de transparencia, de integridad y un sinfín de denuncias de corrupción. Este flagelo empobrece y le quita recursos al Estado, por lo que impide que estos lleguen al pueblo. Se ejecutan obras de bajísima calidad y otras no se concluyen, ese es el costo de la corrupción. Todos los peruanos debemos unirnos ante un solo mensaje: “tolerancia cero con la corrupción”. Mancharse las manos con dinero sucio es un punto del cual no hay retorno.

Violencia de género. Una y otra vez se ha convocado a personas con denuncias por este tema. El reciente gabinete tiene integrantes cuya permanencia es insostenible. Desde el presidente del Consejo de Ministros, con acusaciones de violencia contra mujeres, hasta la ministra de la Mujer, que desconoce la política de igualdad de género. ¡No! La violencia contra la mujer no es un asunto privado, es público, y constituye un problema nacional.

Necesitamos autoridades idóneas, capaces y honestas que pongan al ciudadano en el centro de las políticas públicas. Todos los peruanos debemos levantar nuestra voz en defensa de la integridad, la transparencia, la idoneidad de los funcionarios y la lucha contra la violencia. Son principios a los que no debemos renunciar.