En contraste con estos días de mucho frío y humedad, es bueno resaltar algunas noticias que podrían ser muy beneficiosas para el país y generar una corriente de decisiones que nos permita llegar a las próximas elecciones en una situación prometedora, a la espera de un Gobierno cuya línea pueda continuar con esta tendencia. 

Tal como mencionamos en nuestro último Semanario, la inversión privada muestra ligeros indicios de recuperación, impulsada por expectativas empresariales optimistas, nuevos grandes proyectos y mejores proyecciones. 

Según información de ProInversión, en 2024 se adjudicarían 23 proyectos por alrededor de US$ 8,000 millones, entre asociaciones público-privadas (APP) y proyectos en activos (PA). Asimismo, las obras por impuestos (OxI) superarían los S/ 2,000 millones. Y la cartera 2025-2026 consta de 70 proyectos de APP y PA por un monto cercano a los US$ 16,000 millones, en sectores como saneamiento, conservación de la red vial, telecomunicaciones, irrigación, hidrocarburos, salud, educación, aeropuertos, puertos, turismo o minería. 

De otro lado, un valiente directorio de Petroperú viene tomando decisiones que mejorarían en algo la situación financiera de la empresa estatal, y que implicarían la mudanza a Talara, la venta o concesión del edificio de San Isidro, la reducción del personal y la transición hacia un contrato de gestión privada. Son decisiones difíciles, que requieren voluntad política; por ello, se necesita que en la próxima Junta de Accionistas sean respaldadas y el Gobierno, desde sus más altas autoridades, apoye este proceso para que Petroperú deje de ser la empresa estatal que derrocha el dinero de todos los peruanos en vez de direccionarlo a cerrar brechas sociales en beneficio de la población. 

Es más, estas medidas podrían replicarse en otras instancias públicas, muy cuestionadas en los últimos meses por su mala gestión, como las empresas prestadoras de saneamiento (incluida Sedapal), EsSalud, o Corpac. 

Sobre esta última, es evidente el calamitoso estado en el que se encuentran varios aeropuertos a nivel nacional. Al problema con el sistema de luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, que generó la cancelación de 246 vuelos y pérdidas económicas por unos S/ 10 millones, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se suman pistas de aterrizaje en mal estado, instalaciones antiguas, fallas de seguridad y cercos perimétricos deficientes en los aeropuertos de Cusco, Jaén, Jauja y Yurimaguas, todos muy importantes para el turismo y administrados por Corpac, que serían parte del proceso de concesión del “tercer grupo de aeropuertos”. 

Una buena gestión de aeropuertos mejora el turismo, los negocios y genera impactos positivos en las localidades y su ciudadanía. El reciente ejemplo de colaboración público-privada para que se dé la primera frecuencia de vuelos entre Lima y Huaraz, con el esfuerzo de entidades públicas y empresas privadas, como Latam y Aeropuertos del Perú (operador del aeropuerto de Anta), son una muestra de ello. 

No se trata de cuestionar la existencia de las empresas públicas. Que existan siempre que estén dentro del marco constitucional del rol subsidiario del Estado, pero que funcionen eficientemente. Y para eso necesitan de la mano del sector privado. 

Finalmente, resulta muy positivo el anuncio del reinicio del proyecto minero Tía María, que sin duda dinamizará la actividad económica en el sur del Perú y podría contagiar el desarrollo de otros más. La minería es nuestra principal actividad exportadora; por eso, necesitamos que crezca en su real magnitud y que esté acompañada con medidas efectivas destinadas al combate de la actividad ilegal que tanto daño está generando al país, la violencia en Pataz es una muestra de ello. 

¡El Perú no puede parar!