La inversión privada es el motor de la economía, por lo que resulta alentador que la nueva gestión del Ministerio de Economía y Finanzas se enfoque en promoverla. No solo se están impulsando medidas desregulatorias, sino que, junto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se dinamiza la agenda de negociaciones comerciales, convenios de doble tributación y roadshows internacionales. En un escenario de “guerra comercial” global, la respuesta debe ser mayor inversión privada y libre comercio. 

Un factor clave para atraer inversión es la seguridad jurídica. Durante años, el Perú fue un referente en la gestión de controversias de inversión extranjera, gracias a su estabilidad y respeto por los compromisos internacionales. Sin embargo, en los últimos años, el panorama viene cambiando: el país enfrenta una creciente ola de demandas en el CIADI y otras instancias, lo que afecta su imagen y genera incertidumbre para los inversionistas. 

El incumplimiento de contratos y obligaciones ha llevado a grandes corporaciones a recurrir al arbitraje internacional. Este escenario envía un mensaje preocupante a la comunidad de negocios: el Perú ya no ofrecería las garantías necesarias para proteger inversiones. 

Estos litigios no solo deterioran la reputación del país, sino que también generan costos millonarios en defensa legal e indemnizaciones. Más grave aún, erosionan la confianza de los inversionistas, lo cual reduce el flujo de capital extranjero y afecta el desarrollo de proyectos estratégicos. Cuando un país se percibe como riesgoso, los capitales buscan destinos más seguros y eso afecta su crecimiento económico. 

La falta de seguridad jurídica desincentiva nuevas inversiones y pone en riesgo las existentes. En lugar de consolidarse como un destino atractivo, el Perú podría estar cayendo en una espiral negativa que alejaría inversionistas clave. 

Es fundamental que recuperemos el prestigio de un país que honra sus compromisos. El Gobierno debe adoptar estrategias claras para resolver litigios y evitar nuevos conflictos. La inversión extranjera es crucial para el desarrollo, y perder la confianza de los inversionistas puede generar consecuencias difíciles de revertir. 

El contexto actual es una advertencia: si no se toman medidas urgentes, el costo de esta crisis de confianza será alto. La seguridad jurídica debe ser la base de la política económica para garantizar un futuro de crecimiento y estabilidad. 

No importa qué entidad pública origine el incumplimiento, la responsabilidad recae en el Estado peruano y las sanciones derivadas de laudos arbitrales las asumimos todos. Según la ley que crea el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), las entidades involucradas deben pagar los laudos y acuerdos resultantes. Que esto impulse una mayor disciplina y responsabilidad en la gestión pública.