En un contexto global cada vez más competitivo, la promoción de la inversión privada en el Perú es una estrategia fundamental para alcanzar un desarrollo económico sostenible. El capital privado no solo dinamiza la economía, también juega un rol esencial en el cierre de brechas, el incremento de la recaudación tributaria y la mejora del bienestar ciudadano. Siempre que se acredite su necesidad, a partir de los estándares de mejora regulatoria, el Estado debe acompañar con una regulación adecuada que garantice un ambiente de negocios amigable, un entorno competitivo y la protección de los intereses de los consumidores. 

La inversión privada es un motor clave para el crecimiento económico. Al atraer capital nacional y extranjero, se generan nuevos empleos, se mejora la productividad y se diversifica la base productiva del país. Esto no solo incrementa el producto bruto interno (PBI), sino que fortalece la estabilidad macroeconómica. Además, la inversión en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y transporte permite cerrar brechas de infraestructura, al facilitar el acceso a servicios esenciales en regiones históricamente postergadas. 

Otro beneficio fundamental es el aumento de la recaudación tributaria. Una mayor actividad económica formal implica más ingresos para el Estado, lo que permite financiar programas sociales, mejorar los servicios públicos y reducir las desigualdades. Este ciclo virtuoso, si se gestiona con transparencia y eficiencia, puede contribuir significativamente a la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades para todos los peruanos. 

Sin embargo, para que los beneficios de la inversión privada se traduzcan en verdadero progreso, es imprescindible que las inversiones se realicen en un entorno de competencia. La existencia de monopolios o posiciones dominantes, si bien permitidas por nuestra Constitución y por la teoría económica en situaciones concretas, puede generar distorsiones que perjudican a los consumidores y limitan la innovación. Por ello, en aquellos sectores donde existen monopolios naturales y es necesaria la concesión a un privado, debe garantizarse un marco regulador sólido e independiente que supervise las condiciones del mercado. 

Un organismo regulador fuerte es crucial para evitar abusos de posición de dominio y asegurar tarifas justas, calidad en el servicio y acceso equitativo. Además, es vital prevenir la existencia de subsidios cruzados, que generan ineficiencias y trasladan costos de un grupo de usuarios a otro, lo cual afecta la equidad. En este contexto, la regulación eficaz no debe ser vista como un obstáculo para la inversión, sino como un mecanismo que brinda certeza jurídica y fomenta un entorno de negocios transparente y competitivo. 

El Perú enfrenta el reto de atraer y promover la inversión privada como un motor de desarrollo, pero siempre con un equilibrio adecuado entre el incentivo al capital y la protección del interés público. Solo a través de una política clara, predecible y orientada al bien común podremos construir un futuro más próspero, inclusivo y justo para todos.