Edgar Ortegón, en su publicación “Guía sobre diseño y gestión de la política pública”, definió tres funciones centrales del Estado: De asignación; de distribución; y de estabilidad. De asignación sobre la provisión de bienes y servicios de calidad. De distribución sobre el proceso mediante el cual la riqueza se distribuye. De estabilidad sobre garantizar la estabilidad económica con política presupuestaria como medio para generar empleo, precios estables y una elevada tasa de crecimiento económico. 

Todo funcionario público, sea elegido por voto popular, concurso meritocrático o como personal de confianza, tiene la responsabilidad de trabajar por cumplir con tales funciones centrales. Es responsable de sus acciones u omisiones. Las decisiones que tomen deberían de tener como centro el bienestar general de la población, mas no sus intereses personales o hasta partidarios. No hacerlo así generaría desconfianza sobre el accionar de la administración pública, con todo lo que ello conlleva. 

La incertidumbre e inestabilidad política le cuestan mucho a la economía peruana, al bolsillo de todos los peruanos. La falta de un rumbo claro, y decisiones que afectan la confianza empresarial, limitan el desarrollo de la actividad privada. La inconveniencia de las decisiones del Ejecutivo y Legislativo nos están conduciendo hacia un escenario poco o nada propicio para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, peor aún para los más vulnerables. 

En 2023, la inversión privada retrocedió un 7.3%; mientras que en el primer trimestre de este año habría crecido apenas un 0.3% con respecto al primer trimestre del año pasado. En las últimas semanas, Standard & Poor´s, calificadora de riesgo, redujo la calificación crediticia del Perú de BBB a BBB-. A poco de perder el grado de inversión. Esto, debido a la falta de capacidades del Gobierno para implementar medidas que recuperen el dinamismo de la economía peruana. Así de claro. 

El Congreso de la República, con absoluta irresponsabilidad, en los últimos años viene aprobando normas que incrementan al gasto público hasta por S/ 100,000 millones. Esto pone en riesgo las cuentas fiscales, en tanto buena parte de tales normas son de carácter permanente. En un informe de Apoyo Consultoría da cuenta de que una deuda pública creciente no sería sostenible, porque la recaudación tributaria es baja. En 2023, la deuda pública fue del 33% del PBI, lo que representaría más de dos veces los ingresos tributarios. 

Para colmo de males, el Ejecutivo ni por asomo le hace frente al Congreso. Un Congreso que de acuerdo con la Constitución Política del Perú no cuenta con iniciativa de gasto público, pero que poco le importa actuar en contra de la Ley. Tarde o temprano la factura la terminaremos pagando todos los peruanos. Con expectativas de crecimiento menores al 3% para 2024 y 2025, los incentivos para un eventual aumento de impuestos estarían servidos en la mesa. 

Ejecutivo y Congreso actúan con absoluta irresponsabilidad en perjuicio del desempeño de la economía. El populismo solo genera inestabilidad y falsas expectativas de bienestar. Seamos conscientes de esta situación para, por lo menos, trabajar para que no se repita a futuro. 

*Publicado en Infobae el 31.05.24