Tal como están las cosas, si el Perú pasara por el filtro de envejecimiento de la nueva aplicación de moda, seguramente veríamos a un país en color sepia, muy deteriorado e inmisericordemente envejecido. Y es que, si bien las principales políticas a nivel mundial giran en torno a cómo aprovechar las nuevas tecnologías que se vienen (más en el corto que en el mediano plazo), como el internet de las cosas, la red 5G, la inteligencia artificial, el blockchain, el transporte autónomo, etc., parecería que el país adolece de una “tecnofobia” generalizada entre la gran mayoría de nuestros hacedores de políticas.

A pesar de no encontrarse definida en el Diccionario de la Real Academia Española, podemos entender la tecnofobia como el persistente, anormal e injustificado miedo, aversión o rechazo a la tecnología. Algo que vemos, cada vez más recurrentemente, en el sustento de propuestas regulatorias recientes, como las referidas a los aplicativos de transporte de personas, la vinculación “laboral” en los servicios de transporte y entrega prestados a través de plataformas digitales, regulaciones municipales orientadas a restringir y fiscalizar servicios de micromovilidad, o los servicios de alquiler de inmuebles mediante plataformas digitales, por poner unos cuantos ejemplos.

En algunos casos nos podremos encontrar con los supuestos típicos de “captura del regulador”, en donde los negocios tradicionales se ven amenazados por los negocios disruptivos y buscan la “regulación” como mecanismo de supervivencia, pero, en muchos otros, existe el peligroso sesgo de querer encorsetar las nuevas relaciones que trae la economía digital en los modelos tradicionales, so pretexto de argumentar que son ilegales o informales justamente por no encajar “a la medida”.

Frente a esto, tiene que quedar claro que no existe nada que no se encuentre regulado y que cualquier actividad, hoy por hoy, se rige plenamente por el marco legal vigente, en todo aspecto: penal, laboral, tributario, civil, etc. En todo caso, si surgiera un asunto de relevancia pública, será el análisis de impacto regulatorio el que permitirá determinar la manera más adecuada de enfrentarlo y en la forma más eficaz, análisis ausente en los ejemplos anteriormente citados.

En vez de percibirla como un riesgo, es momento de que las autoridades se den cuenta de la gran oportunidad que les generará el uso de la tecnología y cómo los actores de la economía digital podrían convertirse en importantes aliados para el diagnóstico y solución de problemas tanto cotidianos como estructurales.

Imaginemos la extensa campaña de formalización y recaudación tributaria que podría emprender la Sunat aprovechando las distintas relaciones económicas a través de plataformas digitales, todas ellas trazables y la gran mayoría bancarizadas. O las soluciones al caos vehicular que podrían implementarse usando la información generada por los aplicativos relacionados con el transporte y la micromovilidad.

Si bien existen instancias del Gobierno que han dimensionado correctamente esto, y muchos casos concretos se han plasmado en la reciente propuesta del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que no veamos un cambio en la burocracia “tecnófoba”, mucho no se podrá implementar.

Desde acá felicitamos los esfuerzos de la Secretaría de Gobierno Digital y la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, lideradas por Marushka Chocobar y Sara Arobes, respectivamente, así como de la administración del Indecopi bajo el liderazgo de Ivo Gagliuffi, por los inagotables esfuerzos por insertar la relevancia digital en la agenda pública, e instamos a las demás instancias a que cambien el chip.