Cambios en la estructura del IGV y su redistribución ponen presión sobre el equilibrio fiscal del país, sin garantías de una mejor ejecución del gasto ni compromisos serios para generar mayores ingresos.

Dos iniciativas legislativas impulsadas desde el Congreso han puesto en el centro del debate público la estructura del impuesto general a las ventas (IGV). Ambas comparten el objetivo de modificar este tributo, pero difieren en su enfoque y eventuales repercusiones.

La primera, el Proyecto de Ley N.º 11228/2024-CR, propone una reducción progresiva del IGV, acompañada de un aumento temporal del Impuesto a la Renta para ciertas empresas. La segunda, el Proyecto de Ley N.º 7755/2023-CR, mantiene la tasa combinada del IGV en 18%, pero redistribuye su composición al aumentar la participación del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) en perjuicio de los ingresos del Gobierno central. Estas propuestas han generado opiniones encontradas entre expertos y autoridades, quienes advierten sobre los impactos fiscales, la sostenibilidad de las finanzas públicas y su inconstitucionalidad al vulnerar principios de la Constitución presupuestaria. Ambas medidas han sido calificadas como populistas por expertos, al carecer de sustento técnico y comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

Ambos proyectos buscan intervenir en la estructura del IGV, pero lo hacen desde enfoques diferentes. El Proyecto de Ley N.º 11228/2024-CR plantea una reducción efectiva del IGV: pasa del 18% al 15% en 2026, luego al 16% en 2027 y al 17% en 2028, antes de volver a su tasa actual en 2029. Esta medida está dirigida a personas naturales y empresas con actividad empresarial, pero excluye a grandes grupos económicos y sus vinculados. Como mecanismo de compensación fiscal, se propone un incremento temporal de un punto porcentual en el Impuesto a la Renta aplicable a los mismos contribuyentes que se beneficien de la reducción del IGV.

Por otro lado, el Proyecto de Ley N.º 7755/2023-CR, aprobado por insistencia, mantiene constante la tasa total del IGV en 18%, pero redistribuye su composición: reduce gradualmente el IGV del 16% al 14% entre 2026 y 2028, mientras incrementa el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) del 2% al 4%. En la práctica, esto eleva el porcentaje del tributo que va al Foncomun y busca dotar a los Gobiernos locales de mayores recursos sin alterar la carga tributaria total para el contribuyente.

Si bien ambas iniciativas buscan aliviar la carga tributaria o redistribuir los recursos públicos, sus posibles efectos sobre la recaudación fiscal son motivo de preocupación. De acuerdo con cifras de la Sunat, el IGV generó S/ 88,417 millones en 2024, lo que representa más de la mitad de los ingresos tributarios del país. En el caso del PL N.º 11228/2024-CR, una reducción de tres puntos porcentuales en la tasa efectiva del IGV podría generar una menor recaudación significativa, sin garantías claras de que el incremento temporal del Impuesto a la Renta empresarial compense totalmente dicha caída.

En el caso del PL N.º 7755/2023-CR, si bien no reduce la tasa total del IGV, modifica su composición y redirecciona una mayor porción al Foncomun, lo cual también genera tensiones fiscales. Este cambio implica que el Gobierno central terminaría disponiendo de menos recursos, sin que se haya definido una fuente alternativa de financiamiento. Esta redistribución representaría una reasignación de hasta S/ 10,000 millones anuales del tesoro público hacia las municipalidades, lo que plantea un riesgo significativo para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Los resultados de ejecución presupuestal no respaldan la idea de que mayores transferencias a las municipalidades se traduzcan en mejoras en el bienestar de su población. En 2024, el presupuesto para inversión pública destinado a los Gobiernos locales fue de S/ 28,877 millones, con una ejecución de apenas el 66.6%, lo que implica más de S/ 9,682 millones no utilizados. Solo en el caso de los fondos provenientes del Foncomun, la ejecución para proyectos de inversión fue del 71.4%, con S/ 647 millones sin ejecutar. Las municipalidades han sido, en los últimos cinco años, el nivel de gobierno con menor eficiencia en ejecución presupuestal en proporción con su presupuesto total. Además, en 2024, un 73.4% de las municipalidades requirió capacitación en procedimientos administrativos; un 70.8%, en capacitación tributaria, y un 65%, en capacitación para formular y evaluar proyectos públicos, según el INEI.

Además del riesgo fiscal, el Proyecto de Ley N.º 7755/2023-CR ha sido criticado por vulnerar principios de la Constitución presupuestaria, al imponer al Ejecutivo una redistribución presupuestal sin sustento técnico ni equilibrio fiscal. El propio MEF emitió opiniones desfavorables, pues señaló que esta norma rompe el principio de neutralidad de transferencias y podría fomentar “pereza fiscal” en las municipalidades, al incrementar sus recursos sin nuevas responsabilidades de gasto.

Ambos proyectos reflejan una intención política de reactivar la economía y descentralizar los recursos, pero también evidencian los riesgos de legislar sin una evaluación técnica integral. La reducción o redistribución del IGV, en un contexto de bajo crecimiento y déficit fiscal, podría debilitar aún más la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si bien dotar de más recursos a los Gobiernos locales es una meta legítima, hacerlo sin mejoras paralelas en gestión y ejecución del gasto puede limitar su efectividad.

Es imperativo priorizar la responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del Perú frente a cualquier interés político. Durante décadas, la disciplina fiscal ha sido una de nuestras mayores fortalezas. Ponerla en peligro sería un error grosero.