La confianza, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como “la esperanza firme que se tiene de alguien o algo” o “la seguridad que alguien se tiene de sí mismo”. Y, sin embargo, este concepto está hoy muy alejado de nuestro ambiente político y hasta económico, ya que es precisamente esta incapacidad de creer en el otro lo que explica la espiral de conflictividad política y sus efectos en la desaceleración económica.

En lo político, si bien se “cerró” un capítulo, o por lo menos se alcanzó una aparente tregua con el otorgamiento de la confianza por parte del Congreso de la República al Ejecutivo, sobre las propuestas de reforma política, ello habría sido impulsado por un espíritu de supervivencia. Es fundamental iniciar un nuevo capítulo, dejando de lado la lucha de poderes y poniendo por delante los intereses del país a los particulares o políticos. Urge que el Gobierno —Legislativo y Ejecutivo— dé señales de confianza al ciudadano, que le permita recuperar la credibilidad en el aparato público. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy graves, ya que podrían situar al país al borde del abismo.

En lo económico, el Perú tiene una inmensa oportunidad, y solo si salimos de la parálisis en la que nos encontramos podremos generar beneficios para la población. Urge un liderazgo económico que permita tener confianza en los sólidos fundamentos macroeconómicos, en la red de acuerdos comerciales, los principios de libre mercado, del rol subsidiario del Estado, la seguridad jurídica y la promoción de la inversión privada como motor de desarrollo, que han guiado a nuestro país en el camino del crecimiento económico y social, con 20 años de crecimiento ininterrumpido y reducción de la pobreza. Ese es el camino y la única manera sostenible de seguir generando oportunidades y bienestar para nuestra gente.

Esta confianza en los pilares sobre los que se soporta la economía peruana es la clave. En este camino, por un lado, se necesita recuperar el dinamismo de la inversión privada, a través del respeto a la seguridad jurídica y de reglas transparentes y predecibles. La renovación del régimen de promoción agraria, la creación de un sistema único de derechos de propiedad, la mejora de los organismos de regulación, la flexibilidad laboral que impulse la creación de empleo formal, entre otras, son acciones que se requieren. Por otro lado, el Estado debe fortalecer su rol constitucional de velar por los principios de una economía social de mercado, a la vez de cumplir su papel como proveedor de servicios de salud, educación de calidad, velar por la seguridad y asegurar la inversión en infraestructura para la conectividad del país.

Solo si recuperamos la confianza en nosotros mismos, en lo que hemos avanzado como país y en lo que se sustentan los logros alcanzados, podremos seguir creando empleos y oportunidades para los miles que aún se encuentran en la pobreza. Para ello, pedimos liderazgo y decisión firme a nuestras autoridades. Debemos corregir el rumbo. No hacerlo traerá grandes riesgos de cara a las elecciones de 2021.