Lamentamos profundamente la muerte de peruanos y las decenas de heridos en la espiral de violencia desatada desde el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. La protesta es un derecho, pero la violencia organizada, el vandalismo y el ataque a la propiedad pública y privada es inaceptable, debe ser combatida y no debe tener espacio alguno en nuestro país. 

Los peruanos queremos paz y las autoridades deben garantizarla dentro del marco constitucional, así como el derecho de los ciudadanos a trabajar y generar ingresos para nuestras familias. Las causas de las muertes y heridos deben ser investigadas de manera transparente y célere para saber la verdad y sanar heridas. 

Ante esta tragedia urge que los líderes políticos asuman su responsabilidad, con la defensa de principios y la democracia. En amplia mayoría, las fuerzas políticas democráticas condenaron el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. La presidenta Boluarte asumió el cargo en estricto cumplimiento del orden constitucional y democrático, lo cual debe ser respetado. Además, el Congreso de la República tiene la urgente responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones generales, tal como se ha anunciado. 

La violencia desatada en el sur del país y particularmente en Puno es una tragedia. Es muy importante, sin embargo, diferenciar esta de las demandas legítimas de la población, que requieren atención urgente del Estado. Esta es una oportunidad de atenderlas, de llevar adelante un shock de inversión para el cierre de brechas sociales, de la mano con las autoridades electas. 

Si bien la pobreza monetaria se redujo en Puno del 79.3% al 42.6%, entre el 2004 y el 2021, hoy es el departamento más pobre. La pobreza multidimensional (que mide acceso a salud, educación, y condiciones de la vivienda) en esa región es del 55.4%. 

Otros indicadores sociales muestran lo grave de la situación. El 96.7% de los establecimientos de salud de primer nivel no tienen capacidad instalada adecuada y la anemia en niños de 6-35 meses asciende al 70%. En educación, si bien las tasas de asistencia son altas, la calidad del servicio educativo limita las posibilidades de los más jóvenes. Apenas un 18% de escuelas tiene acceso a los tres servicios básicos y solo el 40.9% de los profesores de secundaria tienen una carrera profesional en pedagogía. 

En servicios básicos, por ejemplo, el 69% de la población de Ilave no cuenta con saneamiento vía red pública y el 62% no tiene agua por red pública. En Juliaca, solo el 58% de viviendas tiene un paquete integrado de servicios (agua, saneamiento y electricidad a la vez). 

A pesar de ello, en 2022, el Gobierno regional y los gobiernos locales en Puno ejecutaron el 69% de sus presupuestos de inversión pública y dejaron saldos de S/ 176 millones y S/ 367 millones, respectivamente. Con estos recursos no ejecutados se podría haber cubierto la brecha de establecimientos de salud del primer nivel (40) en la región. Cabe destacar que el 88% de la inversión pública regional es financiada por el canon y las regalías. 

Urge recuperar la paz, pues la violencia no resolverá los problemas del país ni de las familias peruanas. Debemos respetar la democracia y el orden constitucional. Necesitamos de manera urgente un Estado eficiente que invierta los recursos en el cierre de brechas sociales. Solo así podremos avanzar unidos como país.