Petroperú se encuentra en una situación insostenible. En su condición actual, la petrolera es incapaz de adquirir más deuda y de generar los ingresos mínimos para cubrir la que ya tiene. Esperemos que el gobierno ejecute las recomendaciones del directorio actual. Estas incluyen la entrada de un gestor privado, acelerar la venta de activos y facilitar la desvinculación de al menos un tercio de los trabajadores. 

La empresa estatal presenta resultados financieros que dejan mucho que desear (por decir lo menos), debido a un irresponsable endeudamiento. Al cierre del segundo trimestre, la estatal tiene una ratio de endeudamiento de 7.5, es decir, tiene deudas por más de siete veces el valor de sus recursos propios, según los estados financieros de la propia entidad. Una ratio de endeudamiento saludable suele situarse entre 0.4 y 0.6, según el BBVA. En el caso de Petroperú, pasó de registrar una ratio de 2.7 en 2019 a lo registrado actualmente por un incremento en la deuda de la empresa por US$ 4,149 millones en los últimos 5 años. 

Petroperú no es capaz de cumplir sus obligaciones inmediatas. Registró una ratio de liquidez de 0.3 en el segundo trimestre de 2024. Es decir, solo podría cumplir con un tercio de ellas, cuando lo normal es afrontar estas en su totalidad y sin la necesidad de depender de cuantiosas transferencias del Estado (ver Semanario 1179). Ambos indicadores se han deteriorado en los últimos años y son una muestra más del pobre desempeño de la empresa estatal. 

Ante esto, el directorio actual planteó tres alternativas para resolver la crisis actual. La primera implicaba un nuevo rescate con fondos estatales y la segunda, el quiebre de la empresa. Ambas supondrían un costo para el Perú y su credibilidad a nivel internacional. Esto, explicado por el debilitamiento institucional y de la gestión política y económica del Gobierno, así como las obligaciones financieras y posibles demandas de los acreedores durante el proceso de liquidación, según el directorio.  

La tercera vía consiste en un paquete de medidas que logre una reestructuración total de la petrolera. Estas incluyen la contratación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés), que se encargaría de gestionar las actividades regulares de la petrolera. El plan incluiría una serie de medidas de austeridad, como la reducción en un tercio del número de trabajadores, y la venta de ciertos activos, como el edificio ubicado en San Isidro, según el directorio. 

Petroperú fue creada para asegurar el abastecimiento de combustible en el país, por lo que mantuvo una participación elevada en el mercado durante sus orígenes, pero que disminuyó significativamente en los últimos años. En 2017, la petrolera abastecía el 50% del mercado interno, mientras que en junio de 2024 apenas contribuyó con el 24%. Esto evidencia la existencia de empresas privadas con posibilidades de ingresar al mercado y con mejor capacidad operativa, pero que no pueden hacerlo por el acaparamiento de la empresa pública. 

Inclusive, Petroperú reporta deficiencias en las zonas donde opera. Esto respecto del megaproyecto de la Nueva Refinería de Talara, que pretendía ser un pilar determinante para la modernización de la empresa, pero que hoy sería más un costo hundido para el Estado, a causa de los sobrecostos que conllevó el proyecto, que ascenderían a más de S/ 1,100 millones, según un informe de la Contraloría. 

Desde ComexPerú, exigimos responsabilidad por parte del Gobierno y celeridad en la toma de decisiones en beneficio de nuestro país. Los recursos públicos deben emplearse en cerrar las brechas sociales, y no en mantener a una empresa estatal ineficiente.