Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el periodo 2011-2015, la inversión pública y privada se mantenía a niveles mayores al 25% del PBI, y la inversión privada representaba alrededor del 21.4% de la producción nacional. Asimismo, el saldo de la inversión extranjera directa (IED) en nuestro país mantuvo un dinamismo sostenido del 2%, según datos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). No obstante, en los últimos tres años, la inversión privada y pública representaron niveles por debajo del 25% del PBI; inclusive, la inversión privada ha representado menos del 18.2%. De igual manera, el informe Actualización de proyecciones macroeconómicas 2019-2022, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, destaca que la inversión privada crecería este año un 7.6%, promovida principalmente por los sectores minería e infraestructura. Sin embargo, dicha meta estaría lejos de cumplirse, ya que, según estimaciones del BCRP, la proyección de crecimiento de la inversión privada para este año pasó de un 6.5% en marzo a un 3.6% en junio, como consecuencia de una menor confianza empresarial y el deterioro de los términos de intercambio.

En efecto, este escenario sería poco alentador para el desempeño de nuestra economía, dado que la inversión privada contribuye a generar infraestructura, aprovechar oportunidades de negocio y mejorar la competitividad de las industrias. Por ello, el Gobierno debería preocuparse por incentivar la inversión privada en el país, además de promover la ejecución de obras y la eliminación de barreras burocráticas, sobre todo en zonas con rezago industrial o con poca actividad del empresariado, y así fomentar el desarrollo económico y social a través del comercio y la industria.

En este contexto, el congresista Jorge del Castillo ha presentado el Proyecto de Ley 4284/2018-CR, para desarrollar el artículo 71 de la Constitución, que actualmente restringe la inversión extranjera cerca de las líneas de frontera. Según dicho artículo, dentro de 50 kilómetros (km) de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer tierras, por título alguno, bajo pena de ser expropiadas por el Estado, salvo en casos de necesidad pública declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Así, la iniciativa legislativa busca aclarar que la prohibición de adquirir o poseer tierras en dichas zonas se refiere a las zonas rurales; por ejemplo, aquellas dedicadas a la agricultura, ganadería, minería u otros usos, y no a zonas urbanas.

De esta manera, el proyecto apunta a que el Perú sea más permisivo con respecto a sus restricciones en fronteras, tal como sucede en países como Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. En específico, nueve departamentos del país (Tumbes, Puno, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Cajamarca, Amazonas, Tacna y Piura) se verían beneficiados por esta medida, ya que cuentan con zonas urbanas, e incluso sus capitales, dentro de los 50 km de distancia de las fronteras. Además, se debe tomar en cuenta que muchas de ellas poseen inversiones entrampadas y problemas en cuanto a la formalidad de sus negocios. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2018, Tumbes, Cajamarca, Loreto y Piura son los departamentos que más informalidad presentan dentro de las micro y pequeñas empresas (Mype), ya que, del total de las Mype, más del 90% son informales. Esto quiere decir que 4 de 9 de los departamentos mencionadas poseen un alto grado de informalidad.

Ante esta evidencia, es necesario apoyar medidas como la presentada, que generan mayor igualdad en condiciones de inversión y más competitividad al interior del país, con el fin de reducir la informalidad de estas zonas, generar empleo en actividades formales y reducir los niveles de pobreza. Desde ComexPerú, reiteramos el apoyo a este proyecto de ley y seguiremos contribuyendo a la lucha contra los intereses particulares que pretenden impedir la mejora de la competitividad y el progreso del país.