Hoy, el Perú pasa por un momento difícil en la lucha por contener la pandemia de la COVID-19. Contamos con una solidez macroeconómica que nos posiciona en una situación inmejorable para enfrentar la crisis, pero hemos tenido desaciertos en la estrategia de salud, demoras en la ejecución de programas de apoyo económico y tropiezos en la estrategia de reactivación económica. Las dificultades que hemos enfrentado evidencian, en gran medida, problemas derivados de reformas postergadas por años en nuestro país. La reforma integral del sistema público de salud, el impulso a la formalidad a través de incentivos y simplificación administrativa, la reforma del proceso de descentralización, la inclusión financiera, el impulso a la conectividad digital, la reforma institucional, entre otras.

Sin embargo, en lugar de enfocarnos en atender estas reformas pendientes, hoy enfrentamos una combinación peligrosa de populismo y demagogia que de manera irresponsable nos pone al borde del abismo. Desde el Congreso, se vienen presentando una serie de proyectos que buscan modificar, y hasta derogar, la Constitución y que pretenden establecer políticas probadamente fallidas, que perjudican sobre todo a los que menos tienen.

Propuestas sobre control de precios, rol empresarial del Estado, suspensión del cobro de servicios básicos, de pensiones de colegio y universidades, del pago de alquileres, y el congelamiento de créditos bancarios solo traerán atraso económico y social al país. Todas carecen de sustento técnico sólido. ¿Acaso no se dan cuenta de que con esas medidas solo quebrarán las empresas de electricidad, de gas, los colegios, las universidades y hasta los bancos? ¿Cuántas quedarán? ¿Eso será mejor para la población? ¿O creen que no sabemos, por ejemplo, que el control de precios solo genera escasez y promueve informalidad? Basta ya de populismo económico e intervención del Estado. Eso ya lo hemos vivido los peruanos décadas atrás con consecuencias nefastas para nuestra población.

El Perú ha avanzado mucho en las últimas décadas, en un ambiente de democracia, con una economía sólida, resultado de políticas de Estado y una economía de libre mercado, integración al mundo y libre competencia. Bajo estos principios se han generado oportunidades de empleo, reducción de la pobreza y desarrollo descentralizado. La ruta hacia adelante es clara: atender las reformas pendientes y mejorar los servicios públicos de salud, educación, conectividad e infraestructura.

Pero ello solo va a ser posible si preservamos las condiciones para impulsar la libre empresa y la inversión privada. Porque es claro que el Estado no crea empleos por decreto, sino generando condiciones para que el sector privado haga empresa, invierta, produzca, genere puestos de trabajo formales y pague impuestos. Son esos impuestos los que financian la provisión de servicios públicos. Y lo que los ciudadanos debemos exigir es que el Estado haga un uso eficiente de esos recursos, no que acabe con quienes los generan.

¡Urge que el Poder Ejecutivo, el sector privado, la academia y la ciudadanía levantemos nuestra voz para no permitir que de manera irresponsable se ponga en riesgo el futuro del país!