Hace unos días participamos en un evento donde se presentó un estudio de opinión, elaborado por la consultora Equilibrium, sobre la inversión extranjera directa (IED) en el Perú. 

Los principales resultados muestran una percepción mayoritariamente positiva sobre el efecto de la IED en el país, por ser causa de creación de empleo (85.7%), crecimiento económico (84%), fomento de desarrollo tecnológico (81.7%) y generación de mayores ingresos fiscales (77.6%). 

Como contrapartida, el 45.3% de la muestra indica que los trámites y registros para que se dé la inversión son muy difíciles y complejos; y el 45.6% señala que lo principal que debiera promover el Estado son reglas claras que promuevan políticas empresariales responsables y sostenibles. 

Las conclusiones de los distintos paneles y exposiciones en el evento concordaron en que la inversión privada desempeña un papel crucial en el desarrollo económico y social de los países. Sea nacional o extranjera, no solo aporta capital financiero, sino también tecnología, conocimiento, empleo y oportunidades de crecimiento. En el caso del Perú, la inversión privada ha sido un factor determinante en su desarrollo económico de las últimas décadas. No cabe duda, la inversión privada es el motor de la economía peruana. Como bien comentó Leonie Roca, necesitamos obsesionarnos con atraer mayor inversión. 

El Perú tiene muchos casos de éxito respecto de los beneficios que ha generado la inversión. Por ejemplo, la minería, uno de los pilares de la economía peruana, ha atraído significativas inversiones nacionales y extranjeras que han impulsado el crecimiento del PBI y las exportaciones. Este sector genera ingresos fiscales que, vía canon, regalías y demás, financian programas sociales y obras para el cierre de brechas. 

El Gobierno debería ser el principal impulsor del sector, pero lamentablemente no lo es. Lo vemos con tantos proyectos mineros que aún no ven la luz y con la falta de firmeza al enfrentar la minería ilegal. Y el Congreso es cómplice de ello, con la decisión de la mayoría de sus integrantes de extender el Reinfo sin siquiera comenzar a discutir el tema de fondo: la formalización del sector. 

A lo anterior se suma un hecho que genera preocupación. Mediante Resolución N.° 0182-2024-INGEMMET/PE, se ha aprobado la modificación de la clasificación de cargos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), entidad encargada de otorgar y extinguir las concesiones mineras, entre otras funciones. Como consecuencia, se incluye como puesto de confianza, entre otros, al director de concesiones mineras, un cargo que desde hace más de 30 años es de carrera. ¿Qué hay detrás de esto? Necesitamos un servicio público técnico y meritocrático. Digamos no a la “dedocracia”. 

Y, por otro lado, tenemos las últimas declaraciones del nuevo presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, sobre su deseo de que Perupetro reconsidere la licitación de los lotes I y VI de Talara. Es decir, no a la competencia, sino asignación de lotes a dedo, y a una empresa estatal que ha mostrado su ineficiencia. Basta ya de dilapidar los recursos de todos los peruanos. Necesitamos atraer a los mejores inversionistas, sean nacionales o extranjeros, y no premiar a empresas estatales ineficientes. 

En conclusión, la inversión privada ha demostrado ser un factor esencial para el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de los peruanos. Fortalecer las condiciones para atraerla y retenerla será fundamental con el fin de asegurar un futuro próspero y sostenible. Exijamos al Gobierno que la promueva y no la ahuyente.